Según Cuarzo Producciones Artísticas, este proceder "ha afectado a muchas empresas del sector, al no realizarse un concurso público abierto con publicidad como establece la ley de contratos de las administraciones, evitando la competitividad y la participación a todas las empresas interesadas en ofertar sus propuestas.

"Es una barbaridad, un acto de piratería", ha señalado el catedrático de derecho Pérez-Royo sobre el movimiento del constitucional en el programa

El político, según la sentencia emitida este mismo miércoles, usó sus privilegios como alcalde para contratar empleados del Concello, a dedo y sin obedecer a ningún tipo de criterio legal, durante años. El texto afirma que el exalcalde contrató, entre los años 2012 y 2015, a un total de 46 personas para ejercer labores públicas. Entre ellas, varios allegados o incluso familiares y miembros de su propio partido, el Partido Popular.

El 'popular' Pedro Antonio Sánchez está acusado por las irregularidades detectadas durante la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esa localidad.

El PSOE considera necesario que se tomen medidas para minimizar el impacto ambiental y sobre la salud de los hornos crematorios y sugiere, por ejemplo, la utilización de ataúdes...

Las presuntas declaraciones de Alfredo Canteli asegurando que como alcalde de Oviedo solo facilitará llevar las facultades a El Cristo si la Facultad de Minas no se traslada a Mieres, bloqueando de paso toda la ampliación de las sedes judiciales, indica el grado de nerviosismo en el que se está enfangando el regidor. Todo por un debate inocuo y mal aconsejado que se le está volviendo en contra minuto a minuto. Y decimos «presuntas declaraciones»: el propio regidor negó horas después en privado, en un foro muy reducido, que hubiese realizado...

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha mostrado su oposición a archivar la investigación que se sigue contra el diputado del PP Alberto Casero por un presunto delito continuado de prevaricación relativo a cinco acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Nules abre juicio oral contra el ex alcalde del PP, Mario García, por un delito continuado de prevaricación.

Acusa a la líder de Compromís de tres delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos al ocultar "4 meses los abusos".

A un día de que expire el plazo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para cumplir la sentencia del 25%, el Govern ha aprobado un decreto en el que certifica su negativa a instaurar una cuota mínima de asignaturas en castellano en los colegios y obliga sus directores a cumplir las directrices de la Generalitat para mantener el catalán como única lengua «vehicular» y seguir aplicando, por ende, la inmersión lingüística.

Me parece que el problema no es qué hacer con las asignaturas que ya teníamos, sino pensar qué materias nos están faltando para formar a jóvenes con futuro de verdad. Por eso, no entiendo cómo puede ser que en España, a día de hoy, todavía no haya una asignatura obligatoria en segundo de la ESO para formar a buenos comisionistas.

Tras la publicación de la sentencia de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, la ministra publicó el siguiente tuit: «Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidenta del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación». La Fundación Foro Libertad Alternativa presentó una querella contra Belarra por un presunto delito de calumnias con publicidad contra las autoridades del Estado que

La oposición pone la adjudicación presuntamente irregular en manos de la Fiscalía Anticorrupción después de que la presidenta reconociese “la existencia de relaciones” entre Priviet Sportive SL y su hermano.

El expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer, el actual conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, y los exconsellers Sonia Cardona y Josep Mayans se enfrentan a una fianza de 8.027.999 euros por supuestos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos.

El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado Pino (PP), será juzgado el próximo 15 de febrero en el juzgado de lo Penal 7 acusado de un delito de prevaricación por haber ordenado presuntamente a varios funcionarios municipales paralizar una treintena de multas, hechos por los que la Fiscalía reclama una condena de 9 años de inhabilitación para el regidor. La Fiscalía explica que Domingo Delgado, “consciente de la ilicitud de sus mandatos” ordenó a la funcionaria encargada del área de Hacienda que “no iniciara la vía de apremio en 13 expedientes...

Lo primero pido perdón por esta pregunta, pero es que estoy muy disgustado con el tema y necesito vuestra ayuda. He estado intentando obtener la respuesta en foros de abogados pero no obtengo ninguna. A ver si alguno me podéis ayudar. ¿Es legal que un ayuntamiento obtenga datos personales, de personas sancionadas administrativamente, de las bases de datos de Hacienda o Tráfico? Agradecería mucho una respuesta, ya que no sé si es correcto lo que estoy haciendo. Evidentemente esto se hace cuando no tienen los datos correctos en la sación- padrón

El TSJC acaba de asumir la investigación abierta contra la titular de Cultura. Fue la persona que llevó a la Guardia Civil hasta la nave donde se ocultaban 10 millones de papeletas

Eduardo de Urbano, que rechazó investigar el cartel de la extrema derecha contra los menores no acompañados y firmó la condena a Isa Serra, se pasa a la abogacía y concede una entrevista a una web de policías nacionales.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de ocho años y medio de inhabilitación especial para cargo público y para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena a un exalcalde de Santa Cruz de Paniagua (Cáceres), Antonio Jesús Santibáñez, por contratar indebidamente a familiares suyos y de una funcionaria del ayuntamiento.

Un Juzgado de Madrid investiga si hubo delito de prevaricación en la gestión de la pandemia del coronavirus. Así lo acuerda en un auto a raíz de la querella presentada por la asociación Abogados Cristianos contra Fernando Simón y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, los ministros Irene Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y contra los exvicepresidentes del Ejecutivo Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los exministros José Luis Ábalos y Salvador Illa.

El sindicato Manos Limpias ha presentado este martes ante la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo una denuncia contra el Consejo de Ministros por un presunto delito de prevaricación administrativa al conceder los indultos a los presos independentistas condenados en la causa del 'procés'. En un escrito de 13 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, ha acusado al Ejecutivo de burlar la ley "torticeramente" para "dar encaje al indulto con unos conceptos inexistentes en el ordenamiento jurídico español".