El partido de Carles Puigdemont justifica su 'no' en que el PSOE no ha aceptado sus enmiendas para incluir en el texto cualquier delito, por lo que la norma vuelve a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja

Cristina Casol, una de las dos diputadas que en las últimas semanas habían denunciado acoso machista en el seno de Junts, dejará de ser diputada del partido aunque por el momento mantendrá el acta como no adscrita. La ejecutiva de Junts per Catalunya ha aprobado este lunes su expulsión de la formación y también del grupo parlamentario, después de que el Parlament archivara la semana pasada su denuncia contra el partido al considerar que las acusaciones de Casol no podían demostrarse.

Cuando fue preguntada por si se imaginaba que la jornada acabaría de la manera en la que acabó, ella contestó con un "no", acompañado de una sonora carcajada, reconociendo así que no imaginaba que el PSOE cedería a sus presiones

La formación de Carles Puigdemont trata de evitar la fuga de votos hacía las nuevas opciones de extrema derecha independentista sin aclarar su propuesta sobre extranjería

Gabriel Rufián, sobre el PP: "Estoy convencido de que, si ustedes no hubieran necesitado a Vox para gobernar, hubieran llegado a un pacto con Junts"

Durante una entrevista en Catalunya Radio, Turull ha explicado que su voto previsto era el 'no', tal y como explicó la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en su intervención, pero que el PSOE «fue cediendo y cediendo»; y en el «último minuto» y «en el último segundo» se llegó a un acuerdo en distintas medidas. Este jueves, Nogueras ha afirmado que su partido ha pasado «una pelota de gol» al Govern con la cesión de las competencias en inmigración pactadas con el PSOE para abstenerse en la votación del decreto 'omnibus'.

Para que esos dos textos pudieran ser aprobados hizo falta mover a los de Carles Puigdemont de su anunciado voto en contra a la abstención con nuevas concesiones. En concreto, el traspaso a Catalunya de competencias en materia de inmigración –sin detalles de qué abarca–, la supresión de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, la rebaja al 0% del IVA en el aceite, que el Estado asuma el importe total de las rebajas y descuentos en transporte público o el reconocimiento de los derechos históricos catalanes en materia de régimen local.

Incentivar a las empresas que vuelvan a Cataluña y que se sancione a las que no lo hagan y que se marcharon durante el procés. Esta es una de las condiciones que ha rescatado Junts per Catalunya para votar este miércoles en el Congreso las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, la coalición vuelve a las dinámicas de la legislatura pasada y se enfrenta a una primera votación agónica pendiente de negociaciones a varias bandas que, con toda probabilidad, se alargarán hasta el último minuto.

En un artículo titulado ‘las virtudes de la necesidad’ (El País 27-11-2023), Nicolas Sartorius consideraba (no es broma) que la proposición de ley de amnistía es ‘un canto a la Constitución de 1978’. La pieza legislativa en cuestión, como es sabido, es inseparable del pacto entre el PSOE y Junts per Catalunya en el que se reconoce la legitimidad del relato independentista sobre el intento de golpe contra esa misma Constitución.

El presidente del Gobierno señala que tendrán mesas de interlocución diferentes con ambas formaciones

"No necesitamos un intermediario entre un prófugo de la democracia llamado Pedro Sánchez (presidente de Gobierno) y un prófugo de la justicia llamado Puigdemont (líder de Junts)", ha reprochado el alcalde.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a sus portavoces en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo que activen cualquier mecanismo parlamentario para obligar al Gobierno a informar sobre el contenido de la reunión entre el PSOE y Junts, que se ha celebrado este sábado en Ginebra en cumplimiento de los acuerdos alcanzados para la investidura del presidente Pedro Sánchez.