El macropolígono industrial de las afueras de Gijón proclamado hace 15 años como el "eje logístico fundamental del Arco Atlántico", donde se crearían "10.000 puestos de trabajo", hoy es un descampado sin electricidad, sin accesos y sin una sola empresa, con una deuda de 115 millones de euros. La entidad gestora, participada al 100% administraciones públicas, fue rescatada por el Principado y el Ayuntamiento gijonés para evitar su quiebra y pagar a los bancos, transformando paulatinamente la deuda privada en deuda pública hasta la actualidad.