"Unos cuantos jueces y tribunales fuerzan y limitan derechos fundamentales sobre la única base de sus opiniones morales y políticas, convencidos de que su papel consiste en vigilar al legislador y sustituirlo por la vía de los autos y las sentencias cuando así lo estimen oportuno. El poder judicial no es el vigilante de los demás poderes o de la democracia. El poder judicial imparte justicia y aplica la ley. Bastante debería tener con vigilarse a sí mismo, si es que alguna vez se anima a hacerlo. "

"En España los jueces no prevarican, sino que pueden cometer algunas inexactitudes. A pesar del enorme tufo de politización de la Justicia, de acusaciones sacadas de la chistera en momentos políticos clave o sobreseimientos imposibles que coinciden con que el acusado es afín políticamente, rara vez verá usted a un togado siendo suspendido por el CGPJ acusado de haber retorcido de forma consciente la ley que debe hacer cumplir. Y es que en España los jueces no prevarican (...) pueden tener un mal dia.

Ante la polémica generada por las palabras de la ministra de Transición Ecológica y otros dirigentes de su partido como el ministro de Transporte, Óscar Puente, el Gobierno ha querido salir al paso de las críticas y manifestar su "respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor".

Las investigaciones del juez que ha implicado a Puigdemont en un delito de terrorismo también han recibido avales, como la expulsión de la secretaria general del PP del banquillo de Kitchen y la exoneración de Esperanza Aguirre en Púnica

"Dicho más claramente, no puede existir un procedimiento por presunto delito de terrorismo en el que además se vincule esos hechos con el fallecimiento de una persona y que, al mismo tiempo, no se hubiese cumplido, en más de cuatro años, con lo previsto en el ya tan citado artículo 26 que establece unas obligaciones estatales, pero que recaen en este Instructor, respecto de una presunta víctima de un delito de terrorismo", concluye.

Tras la Junta de Gobierno local celebrada ayer donde el Partido Popular constituyó sus concejalías, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, defiende que no ha eliminado las concejalías sino que las han cambiado de nombre. Asegura que las políticas de transición ecológica, memoria democrática o LGTBI continuarán en otras áreas y desmiente que la decisión de modificar el nombre sea para dar paso a Vox en el equipo de Gobierno. "La concejalía de Igualdad incluye LGTBI y feminismos; cultura incluye memoria histórica y medio ambiente, transición

Villarejo alquiló una oficina secreta en Madrid y abrió una cuenta bancaria con una identidad falsa en 2013 para dar credibilidad a su plan de presentarse como agente secreto y así poder colaborar con el PP contra políticos independentistas y ayudar a Cospedal a llegar a la presidencia del partido. García Castellón todavía no lo ha investigado.

El expresidente de la Generalitat, favorito para liderar la lista por esta provincia

Las tres primeras piezas de la macrocausa 'Tándem' o 'caso Villarejo' están vistas para sentencia en la Audiencia Nacional, pero el tribunal ha juzgado sobre un proceso de instrucción que seguía la estela marcada por el comisario jubilado y sus cómplices. Los hechos respaldan otra versión. Existe el riesgo de que todo el caso se vaya al traste si, como apunta la información que maneja Público, el tribunal no está juzgando lo que realmente se escondería detrás del contenido de los encargos que se le hicieron a Villarejo y sus cómplices.