¿Conocéis el deporte nacional de las licitaciones «fake» y los empresarios que «compiten» consigo mismos

El gobierno andaluz PP-Cs presentó la auditoría sobre los 54 entes públicos de la administración paralela de la Junta, como pactó con Vox. Vox critica que esa auditoría está edulcorada y reclama que se cumpla con otro punto del pacto: eliminar todos esos entes, y "echar a enchufados, corruptos, familiares, amigos y colegas" colocados por el PSOE en 295 entes instrumentales que suman 25930 trabajadores y cuestan 3600 millones de euros. El problema es que aunque estos despidos se prometieron electoralmente, según la Justicia no se pueden realizar

"Casi dos de cada tres españoles (63,8%) estarían a favor de reducir «la estructura de ministerios, autonomías y empresas públicas» para reducir el gasto (...) : los españoles no quieren reducir el gasto público en Sanidad, Educación o pensiones, ni recortar las inversiones en infraestructuras"

No todo es política, también es supervivencia para algunos. La Comunidad de Madrid es una administración tremenda. Tiene cargos intermedios para aburrir y ningún político impone un control férreo sobre los cargos que cuelgan bajo las faldas de quienes juegan en la primera línea. En este contexto, hay una serie de supervivientes eternos e inmortales que ven cómo desfilan consejeros, presidentes y jefes de gabinete mientras ellos pasan desapercibidos para seguir embolsándose su sueldo público.

Fuentes de Comisiones Obreras y CSIF denuncian que la situación está afectando hasta a las nóminas de los mismos funcionarios. “Hay un caos organizativo total, es un desbarajuste sin precedentes”

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz tuvo una remuneración de 3,365 millones de euros el pasado ejercicio. De esta cantidad, 1,2 millones corresponden a la retribución fija por el desempeño de sus funciones y 784.000 euros a retribución variable anual. Además hay que añadir 353.000 euros por las funciones de consejero de la petrolera española, que incluye la asignación fija derivada de la pertenencia al consejo de administración de la compañía. Imaz también recibió 865.000 en función del Programa de Incentivo a Largo Plazo (ILP) .

Últimamente, una nueva raza de burócratas merodea por los pasillos parisinos del poder gubernamental. Consultores de McKinsey, Accenture, BCG y Capgemini desempeñan un papel cada vez más importante en la prestación de servicios básicos del gobierno, sustituyendo, a una generación de funcionarios públicos. Francia no es, ni mucho menos, el único país que ha recurrido al sector privado para ayudar a gestionar los asuntos del Estado. Muchos de sus vecinos - el Reino Unido, España, Alemania, Suiza - han recurrido a consultorías durante décadas