La corte de garantías ha rechazado el recurso de Vox contra una disposición adicional de la ley de Ingreso Mínimo Vital que prevé que las comunidades autónomas de régimen foral asuman, previa firma de un acuerdo con el Estado, la gestión y pago de dicha prestación en su territorio.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera “un cáncer del Estado de Derecho” en las actuales condiciones.

Feijóo: No existen antecedentes de que el Tribunal Constitucional corrija al Supremo. Bastan 5 minutos en Google para comprobar que es mentira

Nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez: la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el servicio estatal de captación de familias interesadas en acoger a menores tutelados. Es una nueva batalla ante los jueces que se une a las que ya mantiene por el plan hidrológico del Tajo, la Ley de Vivienda, el reparto de ayudas europeas o los ingresos a cuenta de 2019, entre otros.

También plantea la modificación del artículo 56 de la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey y circunscribirla a sus funciones institucionales; así como del artículo 8 para eliminar la atribución a las Fuerzas Armadas de la función de "garantizar el ordenamiento constitucional y la integridad territorial de España", porque en una "democracia ambas cosas se tutelan por los tribunales de justicia". Otra de las reformas que propondrá es la eliminación del artículo 155 que permite intervenir las autonomías, porque la Constitución ya..

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

La situación en torno al Partido Popular (PP) y su postura sobre la deslealtad constitucional, en contraste con su comportamiento respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), refleja una notable ambivalencia y, sin ninguna duda, hipocresía en su enfoque político.Los populares por un lado proponen una legislación para proteger la Constitución, pero por otro, su acción (o inacción) en la renovación del CGPJ refleja una clara maniobra para proteger sus intereses políticos, incluso a costa de la salud institucional

La formación de Alberto Núñez Feijóo sigue olvidando las veces que llegó a buen puerto con la formación vasca cuando, algunas cuando ETA todavía mataba

La Carta Magna, que requiere mayorías muy extensas para su reforma, solo ha sufrido dos cambios desde su nacimiento: uno en 1992 y otro en 2011.

El Partido Popular está hasta el tejado de la sede de la calle Génova de que las cosas no le salgan bien, por eso se ha atrincherado en el Senado con su mayoría absoluta y este martes aprobó la reforma del artículo 133 del reglamento para alargar hasta el infinito y más allá, si pudieran, la aprobación de la propuesta de ley de amnistía del PSOE y sus socios parlamentarios, que según todos los portavoces consultados, tiene la mayoría absoluta asegurada y, por tanto, luz verde para su entrada en vigor.

En una maniobra muy poco habitual, la Casa Blanca ha solicitado poder realizar negocios de armas con Israel en total secreto, sin supervisión del Congreso ni del público, en un momento en que Estados Unidos está apoyando a un ejército que, según los expertos, ha estado cometiendo crímenes de guerra en Gaza y más allá. La Casa Blanca hizo la petición dentro de una solicitud de financiación suplementaria de defensa de 106.000 millones de dólares enviada el 20 de octubre. Como informó Women for Weapons Trade Transparency para In These Times