El Gobierno lleva a juicio una resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a dar la información sobre el precio real y las condiciones de financiación de una de las terapias más caras que financia el Sistema Nacional de Salud.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alerta de que en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se realizan interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), y muestra sus dudas sobre la existencia y aplicación de protocolos de actuación cuando está en peligro la vida de la embarazada.

Las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo conservador de la Comunidad han conseguido echar "más leña al fuego" al enfado que ya tenían las enfermeras de atención primaria. Han sido, concretamente, dos. Por un lado, el pasado 7 de junio se hizo público el borrador de un nuevo protocolo para regular el funcionamiento de los centros de salud madrileños, que no ha sentado nada bien. Por otro lado, la Comunidad de Madrid acabará para siempre con los 37 servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) que llevaban más de dos años cerrados.

Al mismo tiempo que se están devolviendo a la sanidad pública servicios esenciales que habían sido privatizados, el Gobierno de La Rioja tiene sobre la mesa el refuerzo de la Atención Primaria, el incremento del personal o una nueva legislación de Salud.

La firma recibió 40.000 euros para dar asesorar a la Consejería de Gotzone Sagardui en la nueva estructura organizativa y la distribución de los recursos del servicio público. Meses antes, María Luz Marqués, esposa del exconsejero de Salud Jon Darpón, participó en un informe para impulsar alianzas con el sector privado de la consultora, que ha trabajado con el PP en el caso Bárcenas.

Menos dinero gastado para la sanidad pública y más fondos para la privada. En 2021, segundo año de la pandemia del Covid-19, la Comunidad de Madrid dejó sin usar 402 millones de euros de la partida que tenía presupuestada para la sanidad de la región. Frente a esto, denuncia CCOO, los fondos públicos que se transfirieron para derivar a la sanidad privada aumentaron un 31%. Lo que se traduce en más de 1.200 millones.

La marcha de Núñez Feijóo para asumir la presidencia del PP da pie para poner de manifiesto el abandono de la Atención Primaria en sus años de presidente de la Xunta de Galicia

El 30% del personal sanitario no tiene contratos fijos. La temporalidad en fraude de ley provoca que algunos médicos lleven más de 10 años en situación eventual. “Las tasas de reposición estuvieron muchos años congeladas, no se reponían las plantillas. Como no podían reponer a todas esas personas, contrataban con carácter temporal por necesidades del servicio” .