Esta lamentable situación también se explica en parte por una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos. Solo se producirán a través de la presión ciudadana. Algo difícil.

La propuesta de reforma del CGPJ preocupa en Bruselas, pero los 140.000 millones del fondo de recuperación no van a dejar de llegar por ello

La voluntad de recuperar la normalidad institucional está justificada. Pero el proyecto en sí y la precipitación con la que se quiere resolver esta cuestión —extremadamente delicada en la medida en que toca los fundamentos de la separación de poderes en un Estado de derecho— resultan inaceptables. Al bloqueo en el que se ha instalado el PP —el PSOE consiguió también paralizar durante años la sustitución de algunos miembros del Tribunal Constitucional— se ha respondido con una proposición que entraña grandes peligros.

Tweet del 2014 de Pedro Sánchez cuando era candidato.

El Gobierno ha buscado un atajo rápido para esquinar posibles obstáculos a su deseo de cambiar las normas para elegir a los magistrados que conforman el órgano de gobierno de los jueces y restringir sus competencias cuando se encuentra en funciones.