EsRadio y Libertad Digital son dos de los medios favoritos de la Comunidad de Madrid para inyectarles ingentes cantidades de dinero público cada año en forma de contratos de publicidad institucional. Tan solo en 2023, Ayuso contrató publicidad institucional con los medios de Jiménez Losantos por valor de 560.544 euros más IVA. Si sumamos el Gobierno de Ayuso, una de sus empresas públicas y el Ayuntamiento de Almeida, Jiménez Losantos recibe unos 785.000 euros al año.

La Diputación de Ciudad Real, gobernada por PP y Vox, ha realizado una campaña de publicidad institucional dirigida a la provincia. Entre más de 40 medios locales y regionales ha destinado dinero también a 'Estado de alarma', el portal de Javier Negre, y a una web de eventos taurinos

Los medios críticos no superaron el 10% de la inversión total en prensa. ‘La Razón’, periódico del Grupo Planeta que desde 2020 no audita sus ventas, fue proporcionalmente el medio más favorecido. El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid (CM) ha sido señalado en un estudio académico reciente como uno de los más opacos de España en cuanto a la rendición de cuentas de las campañas de publicidad institucional. La intención parece clara: impedir que la ciudadanía sepa exactamente cuánto dinero se gasta y a qué medios y grupos de prensa

La campaña financiada por la Xunta de Galicia, es decir, pagada por todos los gallegos, exalta las bondades del mar gallego. Bajo el lema 'Amar Galicia', se destaca que "el mar es nuestro patrimonio y da sustento a miles de faimlias". A continuación se precisa que "los profesionales del sector y la calidad y seguridad de los productos del mar gallego están fuera de toda duda", para después hacer un llamamiento: "Aliméntate de peces y marciscos gallegos, no de bulos", Y zanjan: "Porque amar el mar es amar Galicia".

Los expertos del sector indican que técnicamente no se vulnera la ley aprobando estas campañas de contratación anticipada, siempre que su adjudicación se produzca cuando el Gobierno deje de estar en funciones

El Ayuntamiento de Madrid ha pagado por insertar publicidad en 'Noticiero Madrid' entre enero de 2021 y junio de 2022, a pesar de que esta web no publica información propia. En junio de 2022 el fundador de este portal se convirtió en asesor de Ayuso. La gran mayoría de supuestas 'noticias' publicadas en la web son, en realidad, notas de prensa de Gobiernos y Administraciones públicas que 'Noticiero Madrid' republica directamente.

El Ayuntamiento de Madrid superó su gasto en publicidad institucional en 2022. El dinero que reciben portales como 'The Objective' o 'El Debate' es el que más ha crecido. El Ayuntamiento pasó de pagar casi 4.000 € por insertar campañas de publicidad en 'The Objective' en 2021 a 76.334 € en 2022. En 2022 el Gobierno de Almeida gastó 8,22 M de € para insertar publicidad a nivel nacional. Otra de las webs que recibió mucho más dinero en 2022 (76.543 €) que en 2021 fue 'El Debate'. Son datos del portal de transparencia del propio Ayuntamiento.

Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que la presidenta de la capital, Isabel Díaz Ayuso, invertirá un total de 25 millones de euros en publicidad institucional de cara a la próxima campaña electoral. En concreto, esRadio y Libertad Digital han tenido un estrecho vínculo, alimentado económicamente mediante publicidad institucional, con los gobiernos autonómicos del Partido Popular desde principios de los 2000, año en el que arrancó este grupo mediático.

El vídeo del PP criticando las vacaciones de Pedro Sánchez ha vuelto a reabrir el debate sobre cómo las formaciones utilizan sus cuentas oficiales en X, Instagram o TikTok. Esta no es la primera vez que Génova utiliza sus redes sociales para cargar contra la gestión del Gobierno. [...] El PSOE también se ha subido al barco de la confrontación y utiliza desde hace meses sus cuentas en Twitter o Instagram para cuestionar el papel de la oposición y alertar de sus discursos xenófobos, retrógados o machistas.

Impartir religión en la educación pública es incompatible con RGPD. Impartir la asignatura de religión en centros públicos obliga a declarar sobre religión, cosa que no permite art 16.2 CE "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.". Incluso sin entrar en RGPD, hay una aparente colisión entre artículo 16.2 de la Constitución Española: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias" Para mi la clave es que artículo 27.3 no indica que esa formación religiosa se deba realizar..

Este recorte no es un simple error administrativo. Es una clara traición a las promesas hechas a la ciudadanía madrileña y un ataque frontal al sistema educativo público. A esto se suma el anuncio de la creación de un CEIP en Navalafuente y cuatro IES en Morata de Tajuña, Campo Real, Loeches y El Boalo. Pero, ¿dónde están los fondos para construirlos? Ninguna de estas inversiones aparece en el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2024, lo que pone en evidencia la improvisación y la falta de compromiso real por parte del gobierno regional.

Declaración de la agrupación juvenil anticapitalista y revolucionaria, Contracorriente, ante el nuevo plan de ajuste contra la universidad pública de Ayuso en Madrid.

Desde el pasado mes de junio, la Diputación de Toledo, que gobiernan el PP y Vox, tiene vigente un convenio con Cáritas para la concesión de ayudas sociales destinadas a familias vulnerables con hijos a su cargo en pueblos de menos de 6.000 habitantes. En total, 183 localidades de la provincia. Está dotado con 300.000 euros hasta final de año y es la entidad diocesana la que se encarga de evaluar los casos conforme a los criterios de sus trabajadores y trabajadoras sociales.

1º.- Para beneficiar económicamente a su familia– Feijóo cede la gestión de las 50 residencias sanitarias públicas a la empresa Eulen. 2º.- Para favorecer con dinero público la empresas privadas (que recorta de la Atención Primaria). Núñez Feijóo, como otros muchos políticos neoliberales, no tiene ningún interés en la Sanidad Pública ya que como paciente utiliza la sanidad privada cuando tiene problemas de salud, como en su reciente intervención por desprendimiento de retina.

Meses con retrasos en las nóminas, falta de personal y condiciones precarias. Este es el escenario al que se enfrenta el profesorado de las nueve escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid que gestiona Atreyu Blota Carto SL ante la actuación de la empresa y la consiguiente inacción del equipo de Isabel Díaz Ayuso, a cuyo cargo se encuentra este servicio público.

El viaje del Partido Popular a Venezuela ha levantado serias dudas acerca del manejo de los recursos públicos. Según informes, los billetes de avión y otros gastos relacionados con la travesía han sido pagados con dinero proveniente del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo. Esta situación plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los gastos de un viaje de carácter político personal sean cubiertos con fondos destinados a actividades institucionales?

En Vox respetamos las opciones sexuales de cada uno, pero no pueden ser base para reclamar privilegios o para recibir favores económicos con cargo a los presupuestos de las administraciones

"Si los viajes de estos cargos del PP han sido sufragados con dinero público, estaríamos ante una utilización espuria de los impuestos de todos los españoles para una absurda fotografía en el aeropuerto de Caracas"

El centro público sanitario de referencia en la capital catalana enfrenta la época estival con unos 400 profesionales y 272 camas menos después de una campaña de "no renovaciones" de contratos temporales e incluso de cierre de plantas.

La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, podría chocar con la LOSU.

Los esfuerzos del Gobierno andaluz por hacer ver que el desembarco en Sevilla de la Universidad Pontificia Comillas, con la adscripción de la Escuela de Enfermería San Juan de Dios, no supone una nueva universidad privada en Andalucía han resultado en vano, vista la durísima reacción de todos los rectores de las universidades públicas.

Dentro del conjunto de cambios legislativos producidos en materia religiosa durante la Segunda República cuatro medidas habían mermado severamente los tradicionales privilegios e intereses educativos de la Iglesia Católica: la retirada del crucifijo y símbolos religiosos de la escuela, la desaparición de la clase de religión obligatoria, la disolución de los jesuitas y la prohibición del ejercicio docente a las órdenes religiosas. La Ley que prohibía la docencia a las órdenes no perjudico los intereses económicos de la Iglesia.