Usaron entidades falsas para obtener los derechos de películas porno (algunas que de hecho grabaron ellos mismos) que luego subían a sitios de P2P para que los usuarios las bajasen y poder demandarles después, lo que hicieron con cientos de usuarios de los que sólo tenían la IP. Mediante el proceso legal de "descubrimiento" los ISPs facilitaban los datos de los subscriptores, que utilizan para mandarles cartas intimidatorias y exigirles un pago de entre $3,000 y $5,000 para retirar la demanda antes de llegar a juicio.