Atender la demanda especulativa de una empresa sin experiencia en navegación marítima pero experta en elaboración de informes y una empresa catalana que tiene sede en Casablanca y se llama Transcoma. Ese es el humo que ha generado malestar entre los agricultores del sur de Gran Canaria porque se vende que la línea Tarfaya-Canarias vía Fuerteventura es para abastecer de productos frescos al turismo del sur de Gran Canaria.

Como ya sucediera con los riders, la justicia ha vuelto a posar sus ojos sobre otro nicho de trabajadores autónomos, que, sin embargo, llevaban a cabo tareas estructurales dentro de una empresa, pero que no estaban reconocidos como empleados asalariados: los abogados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló el pasado 16 de julio en favor de 141 letrados que trabajaban en régimen de externos para la multinacional Transcom, donde asesoraban jurídicamente a Santander, Sabadell, Inversis, CaixaBank y Deutsche Bank.

En una sentencia ejemplar, el Juzgado de Instancia nº 1 de Madrid ha propinado un duro revés a quienes, investidos de su poder empresarial en Transcom, se creían inmunes a la crítica con nombres y apellidos a sus tropelías laborales. La sección sindical de CGT en la empresa tenía por costumbre, en sus comunicados y boletines, no solo enunciar los desafueros cometidos contra los derechos de los trabajadores/as, sino nombrar a sus responsables con nombres y apellidos.