Las 29 plantas de purines que hay en España y que tratan más de 2,5 millones de toneladas de residuos al año mantienen paralizada su actividad desde el pasado febrero. Este parón ha dejado a cerca de 3.000 granjas de cría porcina sin opción de dar salida a sus excedentes de purines, en cumplimiento de sus compromisos con la legislación medioambiental. El nuevo escenario propicia, además, una inseguridad jurídica que puede ahuyentar las inversiones en un sector estratégico como el porcino, que lidera las exportaciones cárnicas españolas.
