La Constitución Española reconoce a los ciudadanos sin recursos el acceso a la justicia gratuita, lo que se traduce en el derecho a disponer de un abogado y procurador sin costes, pero además se hace extensivo a los gastos derivados de un juicio, como son los informes periciales que se precisen, o el pago de fianzas, entre otras cuestiones. En Galicia, las competencias en esta materia recaen en la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
