Si la tramitación de la 'ley Sinde' y la aprobación de su reglamento no fueron tareas sencillas para el gobierno, la puesta en funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual que decidirá sobre el cierre de páginas web que vulneren los derechos de autor se prevé también complicada. La Red de Empresas de Internet (REI) y la Asociación Española de la Economía Digital (adigital) han recurrido el Real Decreto que regula su funcionamiento ante el Tribunal Supremo, como ya hizo la Asociación de Internautas (AI), demanda ya admitida a trámite.