Ante una financiación pública insuficiente y muy dispar en función de cada comunidad autónoma, el sector privado se hace fuerte en un ámbito formativo en pleno ascenso, alimentado por la necesidad del alumnado y sus familias de conquistar un hueco en un mercado laboral hostil a la juventud. La comunidades que más sufren este desajuste de la oferta pública son la Comunidad de Madrid, seguida a distancia por Cataluña y Andalucía. La "garantía de un contrato posterior” de los centros privados abre un nuevo eje de desigualdad ante la incertidumbre.