La Plataforma denuncia que a pesar de haber realizado todos los trámites, Endesa no ha instalado los contadores de emergencia social. La eléctrica argumenta que falta certificar la seguridad de la instalación interior, pero los habitantes aseguran que los certificados ya están entregados

Un nuevo bloque del banco malo ha sido recuperado por el movimiento por el derecho a la vivienda del Baix Montseny, en la provincia de Barcelona. Ya son 80 las personas en situación de vulnerabilidad realojadas en bloques ocupados en los últimos años en la región.

Cruce de acusaciones entre los 2 máximos responsables de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Su presidente, Mario Cortés,acusa a su segundo, Damián Caballero, de haber retirado más de 11.000€ de la cuenta de la plataforma y de no justificar esos gastos con las facturas pertinentes. Por su parte,el vicepresidente niega los hechos y acusa a Cortés de ser él quien tiene que justificar gastos personales, lo acusa también de haber olvidado la causa al no querer continuar con las movilizaciones acordadas y alabar constantemente al gobierno

En el cuarto bloque liberado por la "Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell", aún resuenan los gritos de "sí se puede". No hace ni 24 horas, las activistas se felicitaban y esperaban que llegaran los medios para la rueda de prensa convocada a las 12 del mediodía. Omar, Cintia y Remei son miembros de las tres familias que se alojarán en este inmueble de la calle de Puig i Cadafalch, bautizado con el nombre de Guillem Agulló. Hablamos con algunos de los ocupantes de este nuevo bloque de 27 pisos que ha sido liberado.

Actualmente son tres, de cuatro, los bloques ocupados de la Sareb en Manresa. La PAHC de Sabadell consiguió la primera cesión de un bloque en septiembre pasado. TRADUCCIÓN: #1

Pau Llonch y Oriol Sorolla, militantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis de Sabadell, han recibido hoy una notificación de sanción administrativa de la Dirección general de Administración de Seguridad del Departamento de Interior por considerarlos “promotores y organizadores” de una manifestación por el derecho a la vivienda que tuvo lugar el pasado 3 de febrero. La sanción, que podría ser de entre 300 y 30.000 euros por cada uno, ha sido impuesta para “contravenir la Ley orgánica reguladora del derecho a reunión”.