La última renovación de contrato prevista para marzo de 2020, días después del estado de alarma, el fondo solicitó a Mari Ángeles un alquiler de 567 euros mensuales, cuando en 2005 el Ayuntamiento aseguró que en 25 años el alquiler social no superaría los 300 euros. El entramado financiero que se quedó con estas viviendas, no solo subió el precio de los alquileres sino que obligó a los inquilinos a pagar el IBI, introduciendo además algunas cláusulas que el propio Ayuntamiento denunció en 2008.

Los expertos consultados hablan de las ‘argucias’ o ‘trucos legales’ que empleará este segmento con el fin de sortear la nueva regulación. Desde la creación de diferentes sociedades en las que se inscriben los inmuebles para no rebasar el citado umbral, hasta el traslado al arrendador de los gastos asociados a la vivienda como el IBI o la tasa de residuos urbanos, tributos que recaen en el dueño, las voces del sector mencionan diferentes medidas que podrían estandarizar para evitar la norma.

El fondo de inversión inmobiliaria Lazora, que en la actualidad posee 7.000 viviendas, está ofreciendo a algunos de los inquilinos a los que se les aproxima el plazo de vencimiento de contrato un "programa extraordinario de revisión de las condiciones de renovación" mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la crisis de la COVID–19 con subidas de un 40% de los alquileres, en algunos casos. A otros directamente les comunica la finalización de su contrato en los próximos meses.

Coordinados a través del Sindicato de Inquilinas, 234 familias de Barcelona, Terrassa, Hospitalet de Llobregat y Badalona exigen una negociación colectiva a Lazora, ante subidas del alquiler de hasta un 80%. Además, uno de los edificios afectados es de vivienda protegida

Secuencia de imágenes del Brutal desahucio de Verónica y su hijo de 14 años por la policía para la inmobiliaria Lazora #VerónicaSeQueda