La reforma tiene como objetivo adecuar nuestro ordenamiento a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, suscrita en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Es un tratado internacional que proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados a adoptar medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica

El texto, que ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox que se ha abstenido, ha sido impulsado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y redactado por el Gobierno. El objetivo de esta iniciativa, que ahora pasará a su fase de tramitación en el Senado, es cumplir con las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York.

La médico forense de la Audiencia Nacional ha determinado que Marta Ferrusola, mujer del expresidente catalán Jordi Pujol, está incapacitada para afrontar una declaración judicial. Ella, junto a su marido y sus hijos, están procesados por presuntamente formar una organización criminal para enriquecerse.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un anteproyecto de ley para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad y su capacidad de decisión: elimina la tutela, la patria potestad prorrogada y rehabilitada y sustituye la incapacitación por los apoyos

El Gobierno ha dado hoy los primeros pasos a la reforma legal que elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, cambiado el sistema legal actual por otro que "prioriza el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas". Este ha sido el primer asunto que ha anunciado hoy la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

El Gobierno quiere acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, que de forma habitual son sustituidas por otras en la toma de decisiones, y pasar a un sistema que proporcione a este colectivo los apoyos y medidas más pertinentes, según el caso, para que se respete su voluntad y puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Para ello, según recoge el 'anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad.

Roberto es uno de los casi 80.000 ciudadanos españoles que no pueden votar porque una sentencia judicial de incapacitación les priva de ello. El Gobierno aún no ha modificado la ley que lo autoriza, a pesar de que el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU instó oficialmente a España a hacerlo en 2011.

Desde que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de junio de 2014, por la que el maltrato psicológico por menosprecio y abandono se consideraba causa de desheredación a los hijos, las consultas sobre cómo hacerlo subieron el 18% sobre el año anterior. Es un dato muy llamativo del Observatorio Jurídico de Legálitas, que se basa en el millón de consultas anuales que recibe. Pero también se han incrementado el 8% las consultas sobre incapacitación, por la que se solicita al juzgado que declare incapaz a una persona mayor.

“Antes sí podía votar; ahora, el juez me dice que no. Está muy feo. Yo votaba a quien quería”. José Ignacio Ramírez Moreno es uno de los casi 80.000 españoles privados del sufragio por una sentencia de incapacitación. Él tiene un grado del 66%, que incluye su deficiencia auditiva. En 2011, tras haber participado en varias elecciones, este estudiante de auxiliar de oficina fue eliminado del censo electoral.

La asociación de ciclistas Biciescuela Granada quiere expresar públicamente su frustración ante el absurdo plan de formación ciclista que el Ayuntamiento de Granada acaba de iniciar en los centros educativos de la ciudad. De nada sirvió la entrevista mantenida con la Concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Telesfora Ruiz, ni todo el esfuerzo que esta asociación está realizando para dar sensatez y coherencia en la naturalización de la bicicleta como medio de transporte seguro y eficaz.

El comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha publicado un artículo en el que apremia a los gobiernos de los Estados miembros a que acaben con los mecanismos legales que permiten la incapacitación jurídica plena de las personas con discapacidad intelectual. "Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no deben ser privadas de sus derechos individuales", aboga, por dotar de más apoyos a los ciudadanos con este tipo de discapacidades para que puedan desarrollar derechos como el voto o decidir dónde quieren vivir.

El presidente de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), Carlos Mas, ha presentado hoy en Valencia el estudio "Aspectos jurídicos para familiares de personas con alzhéimer”, que recoge las cuestiones jurídicas básicas que afectan a los cuidadores, como la herencia, la manutención o el procedimiento de incapacitación.