Un juzgado ha admitido a trámite la querella colectiva por las cargas policiales del 1-O interpuesta por los ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva, con el apoyo de abogados voluntarios. La querella se dirige contra los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que actuaron, sus mandos y los responsables políticos del operativo. Los delitos que se imputan son de torturas, lesiones y delitos contra los derechos individuales.

Diez personas han sido atendidas por gases lacrimógenos en cargas policiales en la localidad de Aiguaviva (Girona), según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat.

El ex alcalde de Aiguaviva (Gerona) se ha declarado culpable y ha aceptado una pena de dos años de prisión, que no deberá cumplir, al no tener antecedentes penales, y el pago de unos 57.500 euros como parte de la condena por el desfalco que llevó a cabo entre 1999 y 2002, según la sentencia de Audiencia Provincial de Gerona.