Actualmente el 54% de los expedientes de Etxebide se orientan hacia la vivienda protegida de alquiler, cuando hasta ahora la mayoría de los demandantes prefería la compra. La crisis económica ha invertido las preferencias de los vascos con respecto a la vivienda protegida y, por primera vez, la demanda de pisos de alquiler supera a la de compraventa de VPO.

El profesor de Materiales de Construcción de tercer curso de Arquitectura, al Ministerio que administraba la cosa edificatoria, de vivienda y de obra pública, lo denominaba sarcásticamente “Ministerio de la Merienda” ¿Qué ganan los bancos adhiriéndose? ¿Qué pierde la empresa pública, la ciudad, cediendo suelo?... Una promotora pública es necesaria y debe estar funcionando a plena capacidad técnica y financiera, porque ello supondrá mayor beneficio directo para todos nosotros. Lo demás, es hacer planes para irse de merienda.

¿Por qué reservar suelo para seguir construyendo viviendas protegidas si no hay demanda suficiente siquiera para esta clase de pisos y además en algunas regiones son más caras que las viviendas libres? La respuesta ha llegado en forma de enmienda del PP al proyecto de ley de rehabilitación. Así, según el texto que modificará la futura norma, las comunidades autónomas podrán dejar en suspenso hasta cuatro años, a contar desde la entrada en vigor de la ley, la reserva mínima de suelo para edificar vivienda protegida (VPO).

La Junta tiene 638 viviendas de VPO desocupadas que carecen de adjudicatario, según ha informado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en una comparecencia en el Parlamento. La consejera Cortés lo negó. Es más, el pasado 28 de abril llegó a decir que eso de que la Junta tiene viviendas vacías era un "mantra" demagógico aunque ya advirtió que podía haber algunas viviendas vacías debido al fallecimiento del inquilino, a mudanzas o a un severo deterioro.

La Junta dispone actualmente de 638 viviendas de VPO desocupadas que carecen de adjudicatario. Se trata de casas que fueron promovidas por la (EPSA) para régimen de venta, pero que no han podido ser traspasadas por la imposibilidad de los adjudicatarios a acceder a créditos bancarios o porque en el tiempo que duró la construcción empeoró sus circunstancias económicas o quedaron en paro [..] ha admitido que no es de recibo que haya viviendas de promoción oficial desocupadas cuando hay casi 200.000 demandantes inscritos en los registros.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado este martes que la Junta no tendrá "ningún problema" en dar a conocer los nombres de las entidades financieras que se hayan opuesto a dar los datos de VPO vacías para posibilitar el cumplimiento del decreto ley de función social de la vivienda. Relacionada: www.meneame.net/story/andalucia-no-puede-expropiar-bancos-listas-tiene

De las 18.000 viviendas que la empresa pública tendría que haber construido, sólo se han hecho 676. Y de los 400.000 euros empleados en cada una de ellas (valor del suelo aparte), sólo 70.000 de media corresponden al coste real de la construcción. Los otros 330.000 son exactamente el coste de la burocracia. El organigrama de la empresa lo dice todo: tiene cuatro puestos de alta dirección y todos están ocupados por alcaldes y concejales socialistas sin experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria.

En Valladolid se ofertan 30 viviendas en ocho barrios de la capital entre los únicos 24 solicitantes inscritos en el Registro Público de Demandantes de Castilla y León

Un documento fechado el pasado 16 de abril –una semana después de que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda– expone que "no existe disponibilidad presupuestaria en estos momentos para hacer efectivo el pago de dichas ayudas" ya comprometidas a propietarios de VPO. Es la respuesta que da la Junta a una carta remitida por ochenta propietarios de pisos de de protección oficial de una promoción de la barriada de Pino Montano en Sevilla.

La organización se metió a promotora en víspera del estallido de la burbuja inmobiliaria; seis años después, las casas siguen sobre planos

Las familias afectadas aseguran que la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) les comunicó por teléfono que habían sido adjudicatarios de estos pisos en régimen de alquiler. Tras presentar la mayoría de la documentación, un funcionario les entregó las llaves de la vivienda y un número de cuenta de la empresa pública en el que abonar el pago mensual. Cuando le solicitaron a Emvisesa el contrato, la empresa les instó a que abandonaran las casas porque no eran los legítimos propietarios.

El próximo lunes se debatirá en el Senado la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular (PP) ha introducido al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, cuya aprobación, entre otras medidas, supondría la supresión de todas las subsidiaciones de los préstamos convenidos destinados a la vivienda de alquiler social ya concedidos en anteriores planes de vivienda. Se eliminaría así un derecho adquirido fundamental para la inversión en vivienda social de alquiler.

Un total de 20 personas, entre ellas 14 menores de edad, han okupado seis chalés vacíos de una promoción de vivienda pública de la Junta de Andalucía situada en la barriada de Santa Rosalía-Maqueda de Málaga. Se trata de siete familias que han decidido "realojarse en unas viviendas que no son de nadie" debido a las dificultades que tienen para encontrar una vivienda digna. Algunas de estas personas provienen de desalojos por el impago de una hipoteca o de un alquiler y otras nunca han tenido "la oportunidad de acceder a una vivienda".

La entidad financiera Bankia en Ciudad Real se niega a contemplar la dación en pago para una vivienda de protección oficial de la capital. Su propietario, José Ramón Oliva, casado y con una hija, cobra una ayuda social de 426 euros y tiene que hacer frente a una hipoteca mensual de 351. Asegura que no puede, que es imposible, pero Bankia se niega a contemplar, en su caso, la dación en pago.

Las comunidades autónomas gestionan, al menos, 10.000 viviendas de protección públicas desocupadas que estarían disponibles, según ha avanzado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presentará en breve ante el Parlamento un informe de viviendas públicas vacías.

Así, la institución constata un cambio en el perfil de las personas que acaban ocupando una vivienda, "pues comienzan a aparecer familias estructurales que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres".

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, señala en su Informe Anual 2012 que existen muchas viviendas de protección pública (VPO) vacías que podrían ser utilizadas por familias que han sido desahuciadas, y añade que para ello habría que diversificar las fórmulas de cesión que actualmente contemplan las administraciones. Con este ánimo, Becerril avanza que la institución está investigando de oficio con las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con 10 municipios de más de 350.000 habitantes...

En primer lugar, los precios de la VPO son altos y no competitivos con los de la vivienda libre actualmente. Además, la vivienda protegida va a verse fuertemente afectada por la aparición de la Sareb (...) y desde la publicación del Real Decreto 20/2012, que suprimió todas las ayuda y en particular las referidas a la vivienda, se ha terminado de estrangular un mercado como el de la vivienda de protección oficial, que se asentaba en las ayudas que se dotaban para la promoción y acceso a las mismas.

El viceconsejero de Fomento de Melilla y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (Emvismesa), Juan Antonio Iglesias (PP), ha dimitido de sus cargos "por el linchamiento sufrido por mi familia" tras la polémica creada por la concesión a su hija de una vivienda de protección oficial (VPO) de la propia Emvismesa.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica una carta para reclamar cantidades de entre 300 y 26.000 euros por las que se solicita el pago de la deuda o en caso contrario amenaza con el desahucio de las personas

Llevan más de dos años esperando a que se les entreguen la vivienda. La única respuesta de la promotora (CEA a través de su "Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa") y de la inmobiliaria (Nazarí) es que no hay dinero. ¿Cuánto dinero se habrán llevado? ¿Intentan hacer negocio de las VPO?