Se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia el juicio oral a la presunta trama de corrupción liderada por el ex-conseller Rafael Blasco que derivó hasta 8 millones de euros de fondos destinados a cooperación al desarrollo, al sonrojante lucro personal de sus integrantes: compra de pisos, aviones, yates y apertura de cuentas en paraísos fiscales. Todo supuestamente liderado por una persona que ha sido ocho veces conseller y ejerció hasta hace apenas unos meses de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts valencianas.

“Lo de los pisos era muy escandaloso. Era mucho dinero para gastar aquí cuando de normal no se puede comprar ni un ordenador, y mucho menos unos pisos. Era una cosa absolutamente irregular”, explicó en el Tribunal Superior una de las técnicos que rechazó que la Fundación Cyes pudiera recibir las subvenciones. Como otros funcionarios y cargos intermedios, fue expulsada de la consejería que dirigía Blasco tras oponerse a su decisión.

Rafael Blasco, siendo conseller de Territorio y Vivienda entre 2003 y 2006, se movió por el filo de la navaja de las leyes urbanísticas para edificar su mansión. De hecho, levantó su vivienda de 450 metros cuadrados sobre suelo no urbanizable del término municipal de Alzira y consiguió mayor edificabilidad gracias a una argucia legal que consiste en utilizar una vieja piscina como base de la nueva casa.

El PP de la Comunitat Valenciana ha sido informado de la resolución del Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido en la que desestima el recurso interpuesto por el exconseller Rafael Blasco, imputado en el caso Cooperación, y ratifica la baja de militancia de la organización.

En la primera semana de declaraciones de testigos en el 'caso Cooperación' (desvío de una partida de 1,8 millones de euros de ayuda al desarrollo -destinada a priori a la construcción de pozos de agua en Nicaragua- a la compra de inmuebles en Valencia),la mayoría coincide en señalar al ex conseller del PP, Rafael Blasco, como el epicentro de la presunta operación delictiva dentro del gobierno valenciano.

Según el comunicado del PPCV, "no puede aceptar desde ningún punto de vista" el recurso interpuesto por Blasco puesto que como indica en su resolución, los estatutos del PP establecen que pasar a formar parte de otro grupo parlamentario diferente del Grupo Popular -mantiene el escaño en Les Corts como diputado no adscrito- equivale a la pérdida de la condición de afiliado.

Un ciudadano le canta las 40 a Rafael Blasco, exconseller valenciano que mantiene el acta de diputado, a la salida del juzgado donde está siendo juzgado por corrupción.

En un segundo e intenso interrogatorio, el fiscal anticorrupción acorrala a César Augusto Tauroni, sobre el que presuntamente pivotaba la trama orquestada para desviar fondos de la conselleria de Solidaritat de la Generalitat Valenciana. "Oiga, el trabajo está hecho. Mi empresa es de garantía y en 20 años nunca hemos tenido ningún problema". No obstante, alguno tuvieron. No en balde, César Augusto Tauroni, el autor de estas palabras lleva los últimos dos años entre rejas.

El supuesto cabecilla del fraude intenta justificar trabajos para el proyecto de Nicaragua. La fiscalía sostiene que son falsos y que supuestamente cobró una mordida de las ayudas.

El fiscal arrincona al exconseller preguntándole sobre sus presiones a los funcionarios, su amistad con el único encarcelado por el asunto y la concesión de proyectos a una ONG sin experiencia

El ex conseller de Solidaritat con Camps (PP de Valencia) declara hoy en el juicio que se sigue contra él y otros ocho acusados por desviar dinero de los fondos destinados a cooperación a la compra de pisos entre 2007 y 2009, bautizó a los países necesitados de ayuda como "Negrolandia".

El exconsejero no responderá a las preguntas de la Generalitat, de la que formó parte y que pide para él 11 años de cárcel. Niega las presiones a los funcionarios para dar la subvención a una fundación que no cumplía los requisitos.

Un total de 63 testigos declararán a partir del 21 de enero y hasta el 20 de febrero en el juicio que se celebra en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, exsíndic del PP y actual parlamentario No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, en la primera pieza abierta dentro del 'caso Cooperación' por la supuesta irregularidad de las ayudas del departamento que presidía a la Fundación Cyes para dos proyectos en Nicaragua.

A diez minutos de las nueve de la mañana de este martes llegaba Rafael Blasco al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde va a ser juzgado, como máximo responsable de la Conselleria de Solidaridad entre 2008 y 2011, por el fraude en la concesión de ayudas al Tercer Mundo, la llamada 'Negrolandia' por la que Fiscalía pide más de 11 años para Blasco por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación.

Pregunta la juez: ¿Es usted conocido por algún apodo? "No, no soy conocido por ningún apodo". Responde Rafael Blasco, 'Roger Rabbit' en el sumario del caso Cooperación. O 'el conejo', o 'conejito', o 'conill' (en valenciano).

Mutxamel no quiere a Arcadi Blasco. El gobierno del PP ha impedido con su voto que el artista fallecido en abril pasado tenga el reconocimiento de su pueblo declarándole Hijo Predilecto.

En 1916 publicó su famosa novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis, ambientada en la Primera Guerra Mundial y escrita en París. La obra triunfó en Estados Unidos como ninguna otra en aquellos tiempos, vendiendo en tal sólo un año más de doscientos mil ejemplares. En 1919 fue el libro más vendido en aquel país, un hito sin duda para los autores españoles. Pero no acaba ahí la cosa.

El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento de reintegro por alcance a la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía "como consecuencia de un presunto alcance en los fondos de la Generalitat". La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía fue la gestora del reparto de los fondos de cooperación de la Generalitat entre 2008 y 2011, periodo en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat investiga la concesión de subvenciones a empresas que en principio carecían de medios y experiencia, y que al parecer desviaban el dinero a ot

El Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joaquín José Ortiz Blasco, acusado de asesorar activamente a empresarios del negocio de las ITV cuando él mismo era el encargado de resolver sobre numerosos recursos de ese asunto. El auto de la Sala de lo Penal desvela que la supuesta relación de amistad entre el magistrado y los empresarios era tan estrecha que existen fotos de un viaje en común que realizaron a Croacia en abril de 2010.

La magistrada destaca las presiones del exconseller para ocultar pruebas de las irregularidades de las subvenciones a la Fundación Cyes El auto precisa que solo llegaron a Nicaragua 43.000 euros de las ayudas. La juez instructora del caso Cooperación, Pía Calderón, acordó ayer la apertura de juicio oral contra el exconseller Rafael Blasco y los otros ocho acusados por las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes, que compró inmuebles en Valencia con dinero que debía ir a Nicaragua.