El pasado 1 de octubre el Govern de Catalunya organizó un referéndum a gran escala cuando, a priori, sus cuentas estaban intervenidas y su celebración, prohibida. ¿Cómo lo hizo y, lo que es más importante, con qué dinero? A tal respuesta quiere llegar el juez del Tribunal Supremo al frente de la causa del procés, Pablo Llarena, pero se ha topado con un obstáculo inesperado: desde el Ministerio de Hacienda no logran encontrar pruebas que apunten a la financiación ilegal.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remitió el pasado viernes un breve informe al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés, donde matiza la afirmación tajante que hizo el pasado 16 de abril cuando dijo que para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre no se destinó “dinero público”. Según ha podido saber El Independiente, en el citado escrito, Montoro explica que al Ministerio de Hacienda no le consta, al menos “formalmente”, que se hayan desviado fondos de la Generalitat para la preparación del 1-O

"Es evidente y obvio que hemos hablado con el PP, pero ahora es cuando empieza la negociación", ha explicado en una tertulia en Radio Euskadi. Según ha añadido, el PP ha aceptado la subida de las pensiones planteada por el PNV y, a partir de ahora, "se dará curso al debate parlamentario, y a ver si de aquí a mayo se desactiva el 155 en Cataluña. Este es el tiempo que nos estamos dando", ha dicho.

Una situación que no se produce desde 2007 y que el FMI descarta.- ... Pese al optimismo del Gobierno, España no va por buen camino. El ministerio de Hacienda publicó el pasado jueves los datos de déficit público para los dos primeros meses de 2018, en los que la necesidad de financiación conjunta de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 9.955 millones de euros, equivalente al 0,82% del PIB, más de un tercio del objetivo del 2,2% que estima para est

El Gobierno va a convertir 'de facto' a las dos ciudades autónomas en una suerte de paraíso fiscal para las empresas de juego 'online'. La intención es atraer a estos territorios a los gigantes del sector ahora instalados en el peñón de Gibraltar que se ven amenazados por cuál será su situación frente a Europa como consecuencia del Brexit y por los cambios al alza en la fiscalidad que el Reino Unido ha aplicado a las apuestas en red y que han sido refrendados hace pocos meses los tribunales.

Para pagar los incrementos, que costarán unos 1.500 millones y 1.800 millones en 2019, el Gobierno hará algunas propuestas al Pacto de Toledo, como la creación de un impuesto a las grandes tecnológicas cuyos ingresos se destinarán a pagar las pensiones. Montoro ha explicado que esta figura recaerá sobre las grandes empresas y en ningún caso sobre los consumidores o usuarios.

Montoro protagoniza una insólita escena en el debate de las cuentas de 2018 comparando su pelo con el de Pablo Iglesias.

El actor declara que no puede poner la misma voz al político y a Gollum porque le daría mala imagen a Gollum

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, admitió este jueves durante el debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados que pudo haber "falseamiento" de algunas facturas que la Generalitat pudo destinar al referéndum ilegal del 1 de octubre. En ese sentido, el ministro reconoció que hubo "imperfecciones" en el control de las cuentas en Cataluña y dijo que "esto es lo que se está investigando ahora".

Cristóbal Montoro asegura ahora que nunca dijo que no había habido malversación del 1-O y subraya que se pueden haber "falseado facturas" por parte de la Generalidad que habrían hecho posible, dice, la financiación con dinero público del referéndum.

Recibir subvenciones públicas por encima de los 100.000 euros - una circunstancia que cumple la inmensa mayoría del tejido empresarial doméstico - no obligará a las empresas a tener que publicar en su web la retribución que perciben sus directivos, el grado de ejecución de sus proyectos presupuestarios o los informes externos de auditoría que encarguen. El Ministerio de Hacienda ha decidido finalmente atender las quejas de la patronal y modula el criterio de Transparencia de extender a las empresas la obligación de hacer públicos esos salarios.

En los últimos tiempos, el neoliberalismo ha alcanzado un punto de no retorno en el que,para reproducir los procesos de acumulación y explotación,necesita poner en marcha aquello que el filósofo Achille Mbembe llama “necropolítica”.Se refiere a la adopción de una política de muerte a gran escala dirigida contra determinadas vidas humanas:vidas no rentables,vidas dependientes,vidas,vidas desempleadas,vidas sin techo,vidas jubiladas.La necropolítica establece quién tiene derecho a vivir y quién tiene que ser sacrificado en el altar de los interes

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha declarado este lunes que "suscribe de la A a la Z" lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la presunta malversación de caudales públicos en Cataluña: "se ha dedicado escrupulosamente a establecer un control de gasto de manera férrea para que ni un solo euro se destinara a pagar causas independentistas". Para Fernández de Moya no habrá lugar a dudas, "gracias a la abundante documentación sobre los controles del Ministerio desde el año 2015".

El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha hecho una petición de información complementaria en lo referente a las divergencias entre el Tribunal Supremo y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la comisión o no de delito de malversación por parte del presidente Puigdemont y los consellers, según afirma La Vanguardia.

Dos nuevos informes de la Guardia Civil enseñan en sus anexos documentos con órdenes de pago vinculados al 1-O. El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, no habría detectado estos gastos que ya están en manos del Tribunal Supremo.

Es difícii encontrar un catálogo de torpezas más nutrido que el que ha reunido el ministro de Hacienda a propósito del 1-O. No es la menor que esté dejando en manos de cargos de la Generalitat bajo sospecha los informes que piden los tribunales sobre el uso de fondos públicos en las consultas independentistas. El Tribunal Supremo espera que la semana que viene, a no más tardar, Cristóbal Montoro remita su respuesta al requerimiento que le dirigió el pasado miércoles el juez Llarena para que justifique el "concreto soporte objetivo" por el que

El dato más extraordinario del caótico panorama político español es el enfrentamiento sin cuartel que en estos momentos libran el ministro de Hacienda y el juez Pablo Llarena

Estamos acostumbrados a que los políticos mientan, o al menos a que pretendan vendernos un relato falaz. Pero, en ocasiones, los embustes adquieren tales proporciones que inclinan a pensar que nos toman por tontos. Eso es lo que ocurre con la prédica que el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos ha ido sembrando por los distintos medios de comunicación a propósito del proyecto presupuestario de 2018. Hay que tener mucha osadía y ser muy petulante para afirmar -ahí es nada- que son los presupuestos más sociales de la historia.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado que de la información contable que maneja el ministerio de Hacienda "no hay ningún dinero que se haya dedicado" al referéndum ilegal del 1 de octubre, aunque, a continuación, ha agregado que es al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al que le corresponde la "calificación judicial" de los hechos en función de las distintas informaciones de las que disponga, entre ellas, el informe de la Guardia Civil que afirma que se han dedicado casi dos millones de euros públicos.

Cs no puede apoyar los PGE de Montoro y debe forzar elecciones generales para que los ciudadanos decidan si quieren seguir gobernados por un partido que está destruyendo España por su inacción.

egún ha avanzado el programa 'Al Rojo Vivo' (la Sexta) el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro quiere plantar cara al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Llarena, que le ha pedido que acredite por escrito que no hubo financiación pública al referéndum del 1-O tal y como explicó en una entrevista publicada en El Mundo. Fuentes de Hacienda consultadas por el programa aseguran que no están dispuestos a que "el juez Llarena deje en mal lugar al Ministerio".

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investiga el referéndum ilegal del 1 de octubre estudia someter a un careo al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al jefe de la UCO encargado de la investigación. Fuentes jurídicas aseguran que Llarena esperará a recibir las explicaciones del ministro de Mariano Rajoy, después de que haya asegurado –en contra de los informes de la Guardia Civil- que no se ha destinado ni un euro de dinero público en financiar el proceso independentista. Si esas explicaciones siguen poniendo..

Jiménez Losantos: "El que da el dinero para el golpe de estado es Montoro. Por supuesto, Montoro lo hace porque se lo dice Mariano. Ayer Montoro hace esas declaraciones para defender a Alemania y hacer lo mismo que su jefe, porque han participado en el golpe, lo han financiando. Y en cuanto entre el juicio, ellos se ven en el banquillo. Van a acabar en el banquillo. Y además han insultado al juez Llarena. Y Llarena se cabrea y a la 1:30 de la mañana levanta el secreto de sumario de la última pieza".

El partido de ultraderecha Vox amenaza con emprender acciones penales contra Cristóbal Montoro si se confirma que ha ocultado información sobre la financiación del referéndum. El partido, que hace de acusación popular en la causa abierta contra el proceso, también estudia pedir que el ministro declare al Supremo como testigo. Vox considera que el ministro de Hacienda estaría escondiendo información y, por tanto, deja en evidencia la Abogacía del Estado para que su acusación pierde fuerza.

En la Política hay una cierta flexibilidad a la hora de evaluar las declaraciones que se han hecho en distintos momentos. Pero en el Derecho no la hay. En el mundo del Derecho hay un principio en torno al cual gira el ordenamiento jurídico del Estado Constitucional. Es el principio del paralelismo de las formas. De acuerdo con tal principio, para que una declaración del presidente del Gobierno o del Ministro Hacienda contradictoria con la que ellos hicieron ante el Pleno del Congreso de los Diputados pudiera surtir efecto en un proceso penal..