El documento, basado en el derecho internacional en materia de derechos humanos y la resolución del Tribunal de Estrasburgo emitida a raiz del proceso de desalojo de uno de los bloques de la campaña de la Obra social la PAH propiedad de la SAREB, solicita la suspensión del desahucio hasta que la administración pública no garantice una alternativa habitacional para las familias afectadas. El documento se presentará en juzgados para los casos de Eva, Kathia y Sandra, afectadas por un desahucio tras una ocupación, un impago de alquiler en un piso