Las querellas del fiscal general y los autos de la jueza de instrucción de la Audiencia Nacional apestan a franquismo. No son actos de administración de justicia de un Estado democrático, sino de persecución política en los que nunca deben participar ni fiscales ni jueces". El entrecomillado es del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo,

Maza reconoce que ha pedido prisión para un Gobierno elegido en las urnas por tener ideas políticas que no le gustan. LAS DECLARACIONES DE MAZA twitter.com/hora25/status/926196717866901504

Noticias de España. Un gesto de los exconsellers acusados admitiendo que su Govern es ilegítimo hubiera evitado la petición de prisión incondicional

Todo el argumentario político de los que defienden el encarcelamiento de los exconsellers se vino abajo horas después con la entrevista al fiscal general del Estado en el programa Hora 25. Quedó muy claro que la Fiscalía ha promovido una respuesta política al desafío independentista y que la jueza Carmen Lamela ha suscrito sus tesis. La ley se impone cuando se acaba la paciencia del fiscal general.La AN ha metido en prisión a varios miembros del Gobierno catalán con una querella en la que se han incluido todos los posibles delitos,sin tener..

Todo en esta operación resulta extraño.La pone en marcha un fiscal general reprobado por el Congreso de los Diputados,una persona que carece de legitimidad de ejercicio para desempeñar el cargo.En la comunidad científica casi nadie considera que las conductas de los querellados encajen en los tipos delictivos de los que están siendo acusados:rebelión y sedición.El órgano judicial al que se ha acudido,la AN,no es competente para entender de estos delitos,según su propia doctrina.Las decisiones de la jueza tienen una fundamentación jurídica delir

El fiscal general del Estado ha hablado en la Cadena Ser: "Si hubieran dicho que aceptaban la Constitución y dejaban la línea delictiva, a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado. Pero se han negado a responder a la Fiscalía".

“Más dura será la caída”, es el título que llevaba el archivo de las querellas contra Puigdemont y su gobierno, presentadas por Maza, el Fiscal General del Estado, para su difusión pública: otra versión, oficial en este caso, del “A por ellos” que se jaleaba a los guardias civiles y policías nacionales en su viaje para combatir la jornada del 1 de octubre. También es el título de la novela 1947 de Budd Schulberg guionista de “La ley del silencio” adaptada al cine por Philip Yordan y dirigida por Mark Robson 1956.

Puigdemont y los consellers no iban a Bélgica, como muchos medios han traducido, a pedir garantías de nada a la Justicia o al Gobierno español sino a asegurarse de que esas garantías existían al forzar que un juez belga tenga que estudiar el fondo del asunto y analizar las pruebas(...) No hacía ninguna maldita falta forzar el sistema. Ninguna. No obstante la Fiscalía, con obvias instrucciones del Gobierno, lo ha hecho y parece que hay jueces dispuestos a seguirles el juego. Les han dado así un relato que no tenían.

Los magistrados apuntan que la Mesa del Parlament pudo cometer tan solo un delito de conspiración, castigado con menos años de cárcel.La jueza de la Audiencia Nacional por su parte, cree "seria, racional y lógica" la argumentación de Maza que sostiene ese delito.Los dos tribunales toman declaración a la par a los investigados, con la duda de si Puigdemont y los consejeros que están en Bélgica acudirán a la citación

La Fiscalía no prevarica,ni por acción ni por omisión.Prevaricar, según el ordenamiento jurídico español,requiere dictar una resolución injusta a sabiendas,y los fiscales españoles no resuelven:sugieren, informan..pero no resuelven,no deciden.Resulta muy difícil sostener que en España haya presos políticos,pero está más que acreditado que sí hay presos por decisión política.El Ministerio Público,actuando como brazo ejecutor de la política penal del Gobierno,pretende resolver el conflicto catalán saltándose el derecho fundamental del juez predet

Las querellas promovidas por la Fiscalía tras la declaración de independencia de Cataluña pide a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo la "citación de los querellados con carácter urgente" para que declaren como investigados y a efectos de celebrar la vista para la adopción de medidas cautelares. "En caso de incomparecencia", señala, "el fiscal interesa la inmediata detención de los querellados".

José Manuel Maza, FIscal General, ha asegurado que denuncian delitos de sedición, rebelión y malversación, entre otros

Expertos juristas apuntan a que la concepción general del artículo hace referencia a una rebelión violenta y armada.Apenas hay resoluciones judiciales sobre este delito, y el único precedente es la sentencia del 23-F, en la que se condenó una rebelión militar.El fiscal general del Estado lleva semanas amenazando con una denuncia que ya estaría preparada.Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha comunicado a la Fiscalía General del Estado, en nombre de su asociación, que el delito de rebelión no se puede aplicar..

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este lunes que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara la independencia, "tendrán que ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que procedan a su detención", ya que "es cuestión de las fuerzas de orden público".

No es la primera vez que la Audiencia Nacional pone en marcha una investigación penal por un delito de sedición.Hay un precedente.Fue en 2008,cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes de la dictadura franquista y con la justicia se topó.En aquel momento el pleno de la AN determinó que no eran competentes para investigar ni la sedición ni la rebelión.Aquello le costó a Garzón una imputación por prevaricación.El Supremo después le absolvió por esta causa,pero en su sentencia también certificó lo mismo que había hecho antes..

La puesta en marcha del papel cero en las fiscalías de Valladolid y Badajoz pone contra las cuerdas al fiscal general Los representantes de todas las asociaciones fiscales denuncian que trabajan con cuatro aplicaciones distintas que se cuelgan, que ralentizan su trabajo y que permite que el Gobierno tenga acceso a los expedientes judiciales

El fiscal general del Estado Maza,dio instrucciones a los fiscales del Supremo y del TSJ de Cataluña para que procedieran a la citación en calidad de investigados de los alcaldes que apoyaron el referéndum soberanista catalán y tenían la condición de aforados por ser parlamentarios.Este documento interno viene a coincidir con la reciente sentencia del Tribunal Supremo dictada en el caso de la Jueza Rosell.. las investigaciones ordenadas por Maza contra los alcaldes aforados podrían ser declaradas nulas..

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han sido derivados a Cataluña para hacer cumplir la ley contra la celebración del referéndum de autodeterminación podrán intervenir hasta sin denuncias previas,según el documento remitido por el Fiscal General a la Fiscalía Superior de Cataluña.Bastará con noticias publicadas en los medios, para que se pueda dar orden de actuación a la policía y guardia civil. Una situación sin precedentes, al menos de forma visible y pública,en la Democracia española.Este diario ha tenido acceso al documento..

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha planteado que, hasta el momento, a la Fiscalía no le ha parecido "oportuno" pedir la detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por un delito de malversación, si bien ha admitido que es una posibilidad que queda "abierta". Ha recalcado que la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC).

El fiscal general del Estado afirma que es una medida que "de momento" no se ha considerado "oportuno" reclamar. Maza se muestra convencido de que el president está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, este último tipificado con prisión. Puigdemont, en 'Salvados, sobre su posible arresto: "No me gustaría. Si tiene que pasar, vamos a hacer frente a la situación".

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado a las Fiscalías catalanas que investiguen la comisión de delitos de odio, amenazas y coacciones contra los alcaldes, funcionarios y particulares que se oponen a la celebración del referéndum del 1 de octubre. En la instrucción remitida pide que se examinen todas estas conductas porque suponen "un ataque contra la pacífica convivencia en Cataluña". Reclama, además, que las Fuerzas de Seguridad retiren los carteles y pasquines intimidatorios ya que, con ellos, se promueve la hostilidad.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dado órdenes a las Fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona para que abran diligencias de investigación para esclarecer los actos de cooperación para la celebración del referéndum por parte de más de 700 alcaldes de municipios catalanes.

Maza ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referéndum interviniendo si es necesario "los efectos del delito", en referencia a las urnas, y elaborando el correspondiente atestado ante "cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares".

A su juicio, que el nombramiento dependa del Parlamento no es "muy buena idea", porque es "un poco extraño" decir que se despolitiza la elección del fiscal general porque le nombren los partidos políticos. Y porque en todos los países del entorno el nombramiento del fiscal general lo hace el presidente de la República o el Rey a propuesta del Gobierno. Pero avisa de que "sería tremendo" para la Fiscalía, "devastador", sería que se aprobara una reforma como la propuesta por Ciudadanos para que al fiscal "se le pueda cesar con la mayoría".

La juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell ha tachado de "escándalo" el "ascenso" del responsable de la Fiscalía de las Palmas que le abrió una investigación en 2015, Guillermo García-Panasco, y ha acusado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de "arroparle".