No es la firma de un acuerdo, sino de una estafa al pueblo

El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, firma en Madrid los acuerdos en enero de 1979 junto al cardenal Giovanni Villot, secretario de Estado vaticano. Foto: ABC

Observe atentamente la foto, querido lector. Es la firma de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en enero de 1979. Todo parece indicar que es la culminación de una ardua negociación entre dos bandos, si no enfrentados, al menos con intereses opuestos. Así parece indicarlo la escenografía utilizada: el mobiliario de época, que parece dar una solemnidad añadida al acto; el semblante circunspecto, tanto de ambos firmantes como de los demás asistentes; y la evidente diferenciación en la vestimenta utilizada, oscura, larga y múltiplemente abotonada sotana para los miembros del Estado Vaticano, y trajes elegantes y clásicos con corbata para los representantes del recién estrenado Estado democrático español.

Sin embargo, querido lector, todo es una farsa, puro teatro. Todos los presentes en esa escena pretenden hacer creer que pertenecen a bandos distintos, pero son en realidad uña y carne en un sentido ideológico. El representante del Estado Vaticano es el cardenal Jean-Marie Villot, a la sazón secretario de Estado de la Santa Sede, cuya ideología se deriva de forma inmediata de sus cargos; pero enfrente de él está Marcelino Oreja, cuyos méritos más notorios se habían originado en la dictadura franquista, donde fue elegido en 1971 miembro del Consejo Nacional del Movimiento (nueva denominación del antiguo, y creado en plena guerra civil, Consejo Nacional de FET y de las JONS). Además, era ya entonces un conocido miembro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACP):

una asociación privada de fieles católicos españoles cuyo modo de perseguir el ideal religioso es la propagación de la fe católica y el apostolado, formando e instando a minorías selectas destinadas a dirigir la vida pública de la sociedad y la acción social y política de los católicos, entre los que ejercerían un papel aglutinante; interpretando en clave de dirigentes y dirigidos los conceptos evangélicos de levadura y masa. (tomado de Wikipedia)

Hay que notar que la ACP sigue muy activa a día de hoy, si bien sus recursos humanos no parecen muy abundantes. Son notorias sus estrechas colaboraciones con destacadas instituciones académicas católicas como la universidad CEU san Pablo, que dispone de inmensos recursos económicos para su labor de proselitismo y evangelización. Recientes actividades destacadas de la ACP son la concentración frente al congreso el día que se debatía la ley de Eutanasia (1), con el apoyo público de Santiago Abascal, o declaraciones en las que se acusa al actual gobierno de seguir “directrices mundiales” para “la demolición de la familia” (2).

Es de destacar también el ambiente familiar de Marcelino Oreja, miembro de una ilustre familia de políticos tradicionalistas, y del que solo destacaré que está casado con Silvia Arburúa, hija del exministro franquista Manuel Arburúa de la Miyar, y que es tío del bien conocido político Jaime Mayor Oreja, quien fue secretario nacional de las juventudes de la Asociación Católica de Propagandistas, en las que había ingresado con once años, y es famoso porque consideraba a la dictadura franquista como una época de extraordinaria placidez.

Hay que decir que la negociación de los acuerdos fue secreta y fue realizada antes de que se aprobara la actual constitución en diciembre de 1978. Incluso antes de que se redactara el apartado 3 del artículo 16:

Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Cualquier lector medianamente avezado reconocerá en su redacción un tour de force dialéctico en el que se consiguió decir, en un mismo párrafo, una cosa y su contraria. Este oxímoron era necesario para justificar la posterior firma, solo cinco días después de la aprobación de la Constitución, de los ya redactados acuerdos entre las autoridades aún franquistas y la Santa Sede.

Estos Acuerdos son esgrimidos por la actual jerarquía y sus adláteres como el último obstáculo judicial para justificar los privilegios heredados, casi íntegramente, de la anterior dictadura fascista nacional católica, Unos privilegios obtenidos del dictador Franco como contrapartida del primer reconocimiento internacional que le otorgó el estado Vaticano.

La iglesia católica gusta de recordar que estos acuerdos tienen rango internacional, pero su redacción se ocupa únicamente de plasmar, negro sobre blanco, una serie de ventajas otorgadas a los españoles católicos para llevar a cabo su labor de proselitismo con cargo al erario, desviando para ello enormes cuantías de dinero público que deberían destinarse al bien común.

Es urgente, por tanto, la denuncia y derogación de estos acuerdos urdidos por autoridades predemocráticas a espaldas del pueblo y retomar el concepto de aconfesionalidad del estado en su sentido primigenio equivalente a estado laico, y no del absurdo sentido que se le ha tratado de adjudicar como justificación de la redacción autocontradictoria del mencionado apartado 3 del artículo 16 de la constitución. Algo que, dada la imparable caída en barrena de la religiosidad de los españoles, es cada vez más necesario.

(1)https://www.abc.es/espana/abci-protesta-frente-congreso-contra-eutanasia-202012171336_video.html

(2)https://www.eldiario.es/sociedad/propagandistas-catolicos-acusan-sanchez-seguir-directrices-mundiales-demolicion-familia_1_8060070.html