En el año 2005, el gobierno del PSOE aprueba la Ley del Sector Ferroviario, una ley que había preparado el anterior gobierno del PP y a la que no se le cambia ni una coma. La primera consecuencia fue la división de Renfe en dos empresas: Adif (empresa responsable de la infraestructura) y Renfe Operadora (gestora de los trenes de viajeros y mercancías). Ambas empresas partían con una deuda de 0 €. En 2013, ocho años más tarde, la deuda de las dos empresas públicas es: en el caso de Adif, de 14 000 millones de euros; en el de Renfe, de 5000 millones de euros. En ese mismo periodo, las empresas constructoras y fabricantes de material ferroviario obtienen grandes beneficios.