Un Ferrocarril de todos, negocio de unos pocos

En el año 2005, el gobierno del PSOE aprueba la Ley del Sector Ferroviario, una ley que había preparado el anterior gobierno del PP y a la que no se le cambia ni una coma. La primera consecuencia fue la división de Renfe en dos empresas: Adif (empresa responsable de la infraestructura) y Renfe Operadora (gestora de los trenes de viajeros y mercancías). Ambas empresas partían con una deuda de 0 €. En 2013, ocho años más tarde, la deuda de las dos empresas públicas es: en el caso de Adif, de 14 000 millones de euros; en el de Renfe, de 5000 millones de euros. En ese mismo periodo, las empresas constructoras y fabricantes de material ferroviario obtienen grandes beneficios.