A principios de este año, el colectivo Berri-Otxoak denunció que la Ertzaintza se estaba personando en la totalidad de domicilios de las 50.000 familias perceptoras del Complemento de Pensiones, la Renta de Garantía de Ingresos y los Incentivos al Empleo. Y lo hacía “sin orden judicial o amparo legal”, con la excusa de revisar la “residencia efectiva” de “la persona titular de la solicitud o de la prestación”. El colectivo relaciona estas actuaciones policiales con la captura de datos biométricos para los receptos de ayudas públicas.
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