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El recurso que el ya exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez presentará ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de despojarle de su escaño cuenta con un precedente de 1992 en el que el tribunal de garantías sentenció que no es posible retirar dicha condición por una condena leve. Se trata del caso del diputado de la Asamblea de Cantabria José Luis Vallines, de Alianza Popular, condenado en 1984 a un mes y un día de arresto mayor por la Audiencia de Huesca.
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