El Partido Popular (PP), sobre el que se sustenta en la actualidad la alcaldía de La Adrada (Ávila), -pueblo en el que se sitúa a su vez el chalet “ilegal” del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado- permitió la legalización de la vivienda. Lo hizo en 2016 y con la ayuda de un ‘tránsfuga’ -denominación bajo la que se conoce coloquialmente a la persona que rompe la disciplina de voto de un partido político- del PSOE, condenado a su vez por prevaricación.
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