Poco después de que Bruselas mostrara su preocupación del gasto, por parte del Gobierno de España, de los fondos ‘Next Generation’, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha decidido lanzar dos licitaciones públicas para conseguir centenares de puestos de «videoconferencias» para su departamento, con un coste que se acerca al millón de euros, que volverá a salir de los fondos europeos, en plena polémica por su uso a nivel nacional e internacional.
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