Al igual que la ley de Texas, la medida de Idaho deja su aplicación en manos de particulares y no de funcionarios estatales. En concreto, la ley de Idaho permite al padre, abuelos, hermanos y tíos del feto demandar a quienes hayan ayudado a la mujer embarazada a abortar en un plazo de cuatro años desde que se practique el procedimiento y establece una indemnización mínima de 20.000 dólares por daños.
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