La decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena será anulada con toda probabilidad después del verano, pero resulta un paso significativo en la batalla que la derecha judicial libra contra el poder legítimo del Estado desde hace años. Una lawfare en la que el Partido Judicial –valga la expresión–se ha atribuido el papel de enemigo del independentismo, al observar quizá que el partido político...
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