La Fiscalía del Tribunal Supremo emerge como un nuevo elemento en la tormenta surgida por el choque entre las políticas del Gobierno con Catalunya y las polémicas decisiones de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre. Un grupo de fiscales, adscritos a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, escuchará a su compañero Álvaro Redondo defender que las protestas contra de la sentencia del procés no constituyeron en caso alguno un delito de terrorismo. Luego, esos 11 fiscales decidirán si le apoyan o si proponen continuar la investigación.
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