Durante varios años, Venezuela ha ocupado los puestos más bajos en materia de protección a los derechos de su población, tanto en América Latina como en el mundo. Por esa razón, no parecen sorpresivas las alertas de la Misión. No solo se han recopilado graves denuncias sobre la brutalidad de las fuerzas armadas contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, irregularidades sobre los procesos judiciales y medidas de aislamiento del país en el acceso a internet, sino que este agosto se aprobó una ley para fiscalizar a las ONG del país.
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