El Ejecutivo autonómico del PP en Madrid consideró que se habían impuesto medidas de forma "arbitraria, autoritaria y contra los comercios”, si bien el órgano de garantías avala ahora que se utilizara la fórmula del Real Decreto por existir razones de "urgente necesidad". De este modo, no le tacha de inconstitucionalidad en la actuación del Gobierno central.
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