Créanme si les digo que no hay nada que desee más que se acabe por fin todo el conjunto de disparates jurídicos, y algunos sociales, derivados de los hechos de 2017. Es claramente una anomalía que unos políticos fueran condenados a penas gravísimas por organizar un referéndum ilegal de independencia cuyo resultado no pretendieron implementar jamás. Aún más anómalo es que haya tantos ciudadanos con una amenaza penal a sus espaldas, y que algunos que todavía estén en el extranjero por temor a esas penas desproporcionadas.
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