El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente catalán Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por el acuerdo alcanzado entre ambos partidos el pasado mes de noviembre en Bruselas para facilitar la investidura del líder socialista. Reconoce la "controversia" del pacto pero aclara: "No es más que un acuerdo político".

La alta judicatura, que ha utilizado hace escasas horas, y en profundidad, la reforma de 2015, utiliza en ese trance más aún las reformas de inicios del XXI y, todavía con mayor intensidad, las arrugas en el cerebro que fueron forjadas por aquel movimiento nacionalista y propagandístico que fue la aznaridad.(...). Hoy, el más competente y más agresivo partido de la derecha española no es ninguno de los dos (pp o vox). Es el tercero: los Altos Cuerpos."

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha reclamado a los fiscales de la sección primera de lo penal del TS, que votaron mayoritariamente a favor de investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en 'Tsunami Democrátic', un informe jurídico con sus argumentos.

Acusa a la oposición de buscar "un circo" y recurre a Sánchez para justificar su recurso ante el TSJ para no publicar estas actas: "Ha infringido la Ley de Transparencia 1.200 veces". La presidenta regional hace hincapié en que una diputada del PSOE pudo comprobar esas actas y "no vio nada interesante".

La Fiscalía del Tribunal Supremo emerge como un nuevo elemento en la tormenta surgida por el choque entre las políticas del Gobierno con Catalunya y las polémicas decisiones de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre. Un grupo de fiscales, adscritos a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, escuchará a su compañero Álvaro Redondo defender que las protestas contra de la sentencia del procés no constituyeron en caso alguno un delito de terrorismo. Luego, esos 11 fiscales decidirán si le apoyan o si proponen continuar la investigación.

La corte de garantías ha rechazado el recurso de Vox contra una disposición adicional de la ley de Ingreso Mínimo Vital que prevé que las comunidades autónomas de régimen foral asuman, previa firma de un acuerdo con el Estado, la gestión y pago de dicha prestación en su territorio.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera “un cáncer del Estado de Derecho” en las actuales condiciones.

Feijóo: No existen antecedentes de que el Tribunal Constitucional corrija al Supremo. Bastan 5 minutos en Google para comprobar que es mentira

El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha lanzado un ordenamiento interno prohibiendo al ministro de justicia, Itamar Ben Gvir, dar instrucciones operacionales a las fuerzas de seguridad sobre cómo deben actuar durante las manifestaciones y el uso de la fuerza durante las protestas. La sala sentenció en marzo que el ministro de extrema derecha no tenía permitido dar tales órdenes y hoy ha encontrado que Ben Gvir violó ese mandato. Resto de la traducción del artículo en #1

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

Para ser más exactos lawfare es “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública de un adversario político”. Y eso, en este país, sólo lo está haciendo la extrema derecha. El Tribunal Supremo ha llamado la atención a Vox porque no hace más que presentar denuncias a la máxima instancia judicial, primero contra las negociaciones para la investidura parlamentaria de Pedro Sánchez, y, posteriormente, a la propia investidura.

Sin duda, el mayor peligro para el Estado de Derecho emana de la parte de la sentencia que concede una amplísima e indiscriminada capacidad para recurrir decisiones políticas que corresponden a otros poderes del Estado. El nombramiento de la Presidencia del Consejo de Estado es una decisión que corresponde al Poder Ejecutivo con la revisión del Poder Legislativo.