El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y ha autorizado al Gabinete Jurídico el ejercicio de acciones para formalizar el recurso.

Cuando Pedro Sánchez logró la investidura y anunció una amnistía, el juez Manuel García-Castellón reactivó una causa que llevaba cuatro años inerte en su despacho. Y acabó atribuyendo un delito de terrorismo a 12 personas. Temerosos de acabar en prisión, cuatro de ellos se instalaron en Suiza solos, lejos de su círculo más cercano (con la excepción del diputado, que vive con su pareja) y se sienten, digan lo que digan, exiliados.

Minutos antes de que arrancara en la Cámara Alta el pleno por el que los populares impondrán su mayoría para aprobar el veto a esta norma -devolviéndola a la Cámara Baja para que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo levanten y se apruebe definitivamente, los letrados del Congreso han vuelto a rechazar, a través de un informe jurídico, la nueva petición del Senado para anular anule la tramitación de la norma.

La ley de amnistía y el 'caso Koldo' se llevan más del 36% de las preguntas que el PP ha hecho al Gobierno en las sesiones de control que se celebran casi cada semana, en un pleno ordinario los miércoles. El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha tenido que responder ninguna cuestión en el Congreso. 85 cuestiones a los miembros del Gobierno en estos cinco meses y solo una única vez se preguntó por asuntos puramente económicos y fue en la primera sesión de control de la legislatura.

Del espacio de negociación en Suiza que pactaron PSOE y Junts per Catalunya en el marco del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez poco se sabía desde que el pasado mes de diciembre trascendió el nombre del verificador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Hasta este sábado. Ambas formaciones, por sorpresa, han informado al mediodía de que han mantenido ya cuatro reuniones en el país helvético.

Los diputados de ERC y Junts han dejado atrás sus diferencias para celebrar entre abrazos y gestos de euforia la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, protagonizando un momento insólito.

Lo que corresponde ahora, ha dicho, es "negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los presupuestos hasta el reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

"Las conversaciones para desbloquear la ley de amnistía se han intensificado debido al dictamen de la Comisión de Venecia". El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha destacado este punto al explicar este jueves el acuerdo alcanzado entre PSOE, Junts y ERC. El Partido Popular trató de usar a este organismo europeo para boicotear la amnistía pero precisamente lo que ha sucedido, según el Gobierno, ha sido al revés.

El diputado del PNV Mikel Legarda cree que habrá acuerdo en la Ley de Amnistía porque, si cae el Gobierno, la alternativa es un Gobierno de PP y Vox, y los más perjudicados serán los beneficiarios de esa norma. Además, considera que la legislatura no está en riesgo y que habrá Presupuestos aunque puedan retrasarse.

La malversación es el principal escollo que ve la Unión Europea en la ley de amnistía, algo que el PP no tiene en cuenta a la hora de enmendarla. Lo realmente llamativo es que el PP no proponga aumentar las penas por malversación, una cuestión que llevaba en su programa electoral para las elecciones del 23J y que ha sido una de sus principales consignas políticas durante el pasado año. Y es que Bruselas plantea, precisamente, reformar el delito de malversación para endurecer las penas, pero ni el PSOE, ni el PP parecen tomar cartas en el asunto

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su partido se desmarcará a partir de ahora del PP de Alberto Núñez Feijoo por la ausencia de colaboración para armar una estrategia conjunta contra Pedro Sánchez y la amnistía, denunciando lo que ellos ven como «ataques y desprecios».

Los comités de empresa de Renfe y Adif iban a celebrar hoy la primera de las cinco jornadas de huelga en el sistema ferroviario estatal, convocadas para el 24 y 30 de este mes y 1, 4 y 7 de diciembre. La convocatoria tuvo lugar el 7 de noviembre, tras conocerse el pacto entre el PSOE y ERC para favorecer la investidura de Pedro Sánchez. En él acordaron el traspaso del servicio Rodalies (Cercanías) a la Generalitat de Catalunya tras años de infrainversión, la cual ha generado un servicio deficiente y gran malestar entre sus usuarios.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que está a la espera de que los servicios jurídicos de la Comisión Europea analicen en detalle la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC, al tiempo que ha querido dejar claro que cuando requirió información al Gobierno no expresó “ninguna preocupación” por el contenido, sino que quiso conocer los detalles.

El escritor y académico de la lengua española ensalza con su vocabulario habitual, y algún error ortográfico, la concentración contra la ley de amnistía organizada por conocidos rostros de la derecha extrema de Leitza. Su rancio tuit ha generado muchas reacciones, bastantes más que los concentrados.

La Comisión Europea no aprecia colisión alguna de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE este lunes en el Congreso de los Diputados con los principios y normas comunitarios, al quedar salvados los intereses financieros de la Unión Europea y excluirse los casos de lawfare, con lo que entiende que se trata de un asunto doméstico cuya evaluación correspondrá a las autoridades nacionales competentes.

Después de las dudas y las inquietudes expresadas por algunos sectores de la Unión Europa (UE) con respecto a la ley de amnistía, el Gobierno en funciones ha enviado la proposición de ley a la Comisión Europea (CE). El encargado de trasladar el proyecto de ley ha sido el ministro de la presidencia en funciones, Félix Bolaños, quien ha enviado dos cartas, una a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, y otra al comisario de Justicia, Didier Reynders.

El cuestionamiento de la ley de amnistía por parte del Tribunal de Cuentas también se basa en argumentos similares a los expuestos por el Supremo en la cuestión de inconstitucionalidad planteada ante el Constitucional el pasado miércoles. El órgano fiscalizador estima que la norma vulnera los principios de igualdad y de no discriminación, porque la excepción penal que establece (para los delitos cometidos en nombre de la independencia de Cataluña) no está justificada, afirma, por un criterio objetivo y razonable.

En el momento en el que escribo estas líneas, el TS ha facturado la ley de amnistía al TC. Sobre los puntos oscuros: a) el TS defiende su sentencia al procés, atacando a los manifestantes de 2019, a los que llama b) golpistas, con todas las letras [Por Guillem Martínez].

La mayoría de los empleados despedidos del Sistema de la Universidad de Texas debido a la prohibición de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el estado son mujeres y personas de color, revelan nuevos documentos. Dichos empleados trabajaban en oficinas DEI de colegios y universidades públicas de todo el estado, pero perdieron su empleo después de que esos programas fueron prohibidos por una nueva ley que entró en vigor en enero.

La magistrada concluye, al contrario que el Alto Tribunal, que los gastos exteriores para promover el proceso soberanista por los que estaba imputado el exconseller Homs no afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea

El rabino Yaakov Shapiro explica cómo el sionismo inventó una "nacionalidad judía" para crear un país diferente a cualquier otro del mundo. Según la ley israelí, no existe la nacionalidad israelí, existe la nacionalidad judía pero no hay nacionalidad israelí. He mencionado anteriormente que su objetivo del sionismo era cambiar el judaísmo de una religión a una nacionalidad. El estado de Israel no creo una nueva nacionalidad. Ver la entrevista completa aquí: www.youtube.com/live/RwDMG7CcljU

Sumar ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para reformar el Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como las ofensas contra los sentimientos religiosos, las injurias al Rey y a las altas instituciones del Estado. También han pactado una modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una "reparación pública" ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado.

El TJUE reprende a la Comisión Europea por denegar el acceso a documentos sobre acuerdos de vacunas: un revés inoportuno para la jefa.

En su condena a la decisión del Ejecutivo de coalición, la lideresa regional ha dejado a un lado su permanente ataque a medios de comunicación -hay que recordar que durante los días en los que la prensa sacaba informaciones acerca del caso que compete a su pareja, Alberto González Amador, desde su equipo amenazaron con cerrar y "triturar" periódicos- y ha señalado que la única Ley Mordaza es la que, dice, se aplica desde Moncloa.

La Comisión Europea no enviará representantes políticos a las reuniones informales de ministros y cancela el viaje previsto de los comisarios a Budapest

Yolanda Díaz ha anunciado un pacto entre Sumar con el PSOE para derogar la ley mordaza. Precisamente este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que están trabajando con el PSOE en la definición de las medidas de regeneración que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta esta semana en el Congreso, donde la derogación de la Ley Mordaza era un asunto "esencial" para la formación.

El grupo parlamentario de Sumar registra una proposición no de ley para que los alquileres turísticos paguen el 21% de IVA, no se puedan deducir gastos en IRPF y Sociedades, y modificar el régimen fiscal de las SOCIMI en vivienda.

Hace un año la cúpula judicial ganaba el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez por la ley de garantía integral de la libertad sexual al negarse a aplicar una disposición del Código Penal con la que se hubieran evitado muchas rebajas de condenas a agresores sexuales. La negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía para el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas es la culminación, con un broche de insumisión, de la campaña política que desde el Alto Tribunal se ha exhibido con el tema del procés