Con estos cinco casos, son ya siete en la región, aunque no se descarta que puedan ser muchos más, según fuentes consultadas y conocedoras del escándalo. En principio la Consejería lo achacó a un subdirector de FP al que cesó fulminantemente en marzo, aunque conforme se revelan datos se comprueba que el sistema ilegal no se circunscribe a una zona administrativa (la gestión educativa del Gobierno de Ayuso se divide en Direcciones de Área Territorial –DAT–, cada una de las cuales tiene un jefe).
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