El exsecretario general del PP de Madrid y su amigo constructor cobraban una «mordida» de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha. El negocio de Granados, Marjaliza y Alfedel era tan redondo que ni siquiera había que corromper a los alcaldes: promover colegios concertados se presentaba como un valor para el municipio y una apuesta del PP.
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