La última Encuesta de Población Activa, del primer trimestre de 2010, ha marcado un nuevo récord: 30,79%. El Gobierno, que es consciente de la situación pero aún no ha informado sobre qué medidas tomará, recibió ayer un aviso del Congreso de los Diputados. En España, "esta contrataciones irregulares, por su propia naturaleza, presionan a la baja sobre salarios, incumplen la negociación colectiva, atentan contra la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y dificultan la lucha contra la siniestralidad laboral".