La puso la Guàrdia Urbana en aplicación de la ordenanza que entró en servicio el pasado mes de febrero, donde indica que se prohíbe tanto la oferta como la demanda de servicios sexuales retribuidos en espacios públicos. La denuncia fue impuesta a las 01,55 horas del viernes, cuando una patrulla detectó que había un vehículo parado en un lado de la L-11, a la altura de una gasolinera, y que en su interior había una prostituta prestando sus servicios. Este tipo de multas oscilan entre los 200 y 3.000€.
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