Poco más de 173.000 ciudadanos de Tarija fueron convocados a participar en la aprobación del estatuto autonómico, que Morales considera ilegal y secesionista, según información procedente de La Paz, la capital administrativa oliviana. Las autoridades de Tarija, apoyadas por grupos empresariales, se oponen a la política económica de Morales y a los cambios constitucionales de corte socialista. Tarija, con 391.226 habitantes, tiene el 85 por ciento de las reservas de gas boliviano, que son las segundas más importantes de Suramérica.