El Ministerio de Sanidad y Política Social ha detectado algunos desajustes y fraudes entre las personas que cobran una paga por hacerse cargo de sus ancianos en casa, en virtud de la Ley de Dependencia.

El burgalés Luis Dueñas Herrera, de 39 años, está pasando por una pesadilla continua desde el pasado 24 de marzo, día en el que este ingeniero de obras públicas que lleva cuatro años trabajando en la construcción y mejora de infraestructuras en Ruanda ingresaba en la prisión central de Kigali, acusado de introducir sin pagar impuestos una partida de baldosas valoradas en aproximadamente 15.000 euros. Ha solicitado ayuda internacional y al Gobierno español para que medie ante su situación, una decisión que su familia apoya completamente.

Los jueces del tribunal oral 7 de San Isidro dejaron en libertad al acusado porque el informe que acreditaba el abuso sexual no tenía sello ni firma del médico interviniente

¿Qué pasaría si la búsqueda de Marta del Castillo fuera infructuosa y el cuerpo del delito no apareciera? Mientras que unos letrados penalistas insisten en que es indispensable encontrar el cuerpo para poder condenar a Miguel de un delito de asesinato u homicidio, otros aseguran que podría ser condenado con otras pruebas o testimonios.

Este artículo procura realizar un estudio y análisis sobre la regulación procesal de los actos de comunicación.

Del 16 al 18 de octubre se reunirán en Lima, por ver primera, los mejores exponentes del Derecho Procesal de Iberoamérica. La organización del evento está a cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y de la Asociación Peruana de Derecho Procesal, presidida por el Prof. Adrián Simons Pino.

Estado actual de la reforma procesal peruana iniciada en 1993. Nuevas perspectivas del proceso civil peruano en el nuevo milenio.

Son las conclusiones del peritaje solicitado por la juez madrileña Gemma Gallego, que lleva el caso Aerolíneas Argentinas. No sólo eso, el informe de la Agencia Tributaria concluye que los dueños de Marsans incurrieron en desvío de fondos públicos, falsedad documental y estafa procesal.

El periodo de desaceleración económica que atraviesa el país y la llegada de inmigrantes con escasos medios ha generado un incremento de solicitudes de justicia gratuita.