No fue ni tras la declaración del estado de alarma ni tras la publicación del Protocolo de la Vergüenza. Pasó mucho antes. Los traslados de los mayores enfermos de covid-19 desde las residencias a los hospitales en la Comunidad de Madrid empezaron a restringirse el 7 de marzo, cuando la ocupación de las camas ni siquiera llegaba al 10%. Las cuatro versiones de las instrucciones que oficialmente impidieron esas derivaciones tan sólo tuvieron por tanto una explicación: ratificar por escrito lo que ya se estaba haciendo. Dar, en definitiva, una especie de amparo a los geriatras que hacían efectiva la decisión de mantener en los geriátricos a los mayores infectados.