En un intento de crear un cortafuegos político y judicial, el Gobierno de Ayuso ha puesto en marcha la operación borrador, que consiste en afirmar lo siguiente: el Protocolo fijando qué ancianos podían ser derivados a los hospitales se envió el 25 de marzo y todos los documentos anteriores son meros “borradores”. Esa versión empezó a difundirla en la Asamblea de Madrid la propia Ayuso, el 28 de mayo, dos días después de que infoLibre desvelase la existencia de un Protocolo firmado por un alto cargo de la Consejería de Sanidad donde se fijaban..