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La Organización Mundial de la Salud ha alertado que la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud
La Organización Mundial de la Salud ha alertado que la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud: muertes prematuras, enfermedades cardiovasculares y respiratorias además de absentismo laboral, entre otros impactos, los cuales tienen a su vez una gran repercusión económica. Dicha contaminación incide también en el cambio climático.
El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente ha señalado que el derecho a respirar un aire limpio es un factor vital del derecho a un medio ambiente saludable, el cual, a su vez, es esencial para el derecho a la vida. Por tanto, incide también en los derechos del niño, que son más vulnerables, y en los derechos a la salud y a la inviolabilidad del domicilio, entre otros, muchos de ellos reconocidos en nuestra Constitución.
Los efectos adversos de la mala calidad del aire en los derechos humanos imponen a los Estados, en sus niveles de gobierno: estatal, autonómico y municipal, importantes obligaciones exigiéndoles adoptar de inmediato medidas de protección contra esos efectos. Como indica el Relator Especial de la ONU, estas obligaciones o responsabilidades son diversas, requiriendo a los gobiernos que no violen el derecho a respirar aire puro con actos cometidos por ellos; además de exigirles que protejan ese derecho frente a violaciones cometidas por terceros y establezcan, apliquen y hagan cumplir leyes, políticas y programas para hacerlo efectivo, finalmente también deben evitar la discriminación y las medidas regresivas.
El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente ha señalado que el derecho a respirar un aire limpio es un factor vital del derecho a un medio ambiente saludable, el cual, a su vez, es esencial para el derecho a la vida. Por tanto, incide también en los derechos del niño, que son más vulnerables, y en los derechos a la salud y a la inviolabilidad del domicilio, entre otros, muchos de ellos reconocidos en nuestra Constitución.
Los efectos adversos de la mala calidad del aire en los derechos humanos imponen a los Estados, en sus niveles de gobierno: estatal, autonómico y municipal, importantes obligaciones exigiéndoles adoptar de inmediato medidas de protección contra esos efectos. Como indica el Relator Especial de la ONU, estas obligaciones o responsabilidades son diversas, requiriendo a los gobiernos que no violen el derecho a respirar aire puro con actos cometidos por ellos; además de exigirles que protejan ese derecho frente a violaciones cometidas por terceros y establezcan, apliquen y hagan cumplir leyes, políticas y programas para hacerlo efectivo, finalmente también deben evitar la discriminación y las medidas regresivas.
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