Los juicios de residencia fueron obligatorios para todos los funcionarios públicos nombrados en la América española. Desde virreyes, gobernadores y capitanes generales hasta corregidores, jueces (oidores y magistrados), alcaldes y otros. Se realizaban al finalizar el mandato para el cual fueron nombrados. Ya existían en el derecho castellano, pero la Corona los extendió desde el primer momento a sus territorios en América, para evitar los abusos y desmanes de los gestores de la administración, facilitando la participación del pueblo llano.