En el año 2019 el Gobierno de España decretó una subida del salario mínimo de un 22,3% pasando de 735,90 euros brutos mensuales en 14 pagas a 900 euros. Esta medida fue evaluada en el 2021 por el Banco de España a través del más completo estudio que se ha hecho en la materia hasta la fecha (a través de dos métodos que alcanzaron resultados similares).
El resultado que este informe arrojó fue que la subida del SMI en el año 2019 destruyó o dejó de crear entre 94.000 y 172.000 empleos (0,6 y 1,1 puntos). Aquí las conclusiones del propio informe del BCE:
La estimación del impacto del incremento del SMI en el empleo para el episodio analizado en España sería consistente con una pérdida de empleo neta de los trabajadores directamente afectados de entre 6 pp y 11 pp, lo que equivaldría en este caso a un impacto en el empleo asalariado total de entre 0,6 pp y 1,1 pp. Esto supone una elasticidad del empleo de los afectados al incremento del SMI de entre –0, 3 y –0, 5, lo que implica que, por cada punto porcentual de subida del SMI, se produce un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente afectados de entre 0,3 pp y 0,5 pp. Este efecto podría estar reflejando la operativa de dos canales diferentes. En primer lugar, podría ser que los trabajadores con menor salario perdieran el trabajo con mayor probabilidad que lo habitual tras la subida del SMI. En segundo lugar, y aunque no hubiera habido cambios en los despidos, la creación de empleo a esos niveles salariales se podría haber visto reducida sin haber sido compensada con nuevos puestos de trabajo a salarios algo superiores. La estimación de estos efectos para colectivos particulares a partir de datos individuales indicaría que ambos márgenes habrían podido contribuir a la destrucción neta de contratos observada.
No entraré en este artículo al debate de si esta pérdida de empleo quedó o no compensada (eso dependerá de la perspectiva de cada uno) con una ganancia de poder adquisitivo de “x” número de trabajadores. Simplemente me limito a mostrar las conclusiones del informe; no obstante, el Ministerio de Trabajo no quedó conforme con estos resultados del BCE y encargó un informe auxiliar a la catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco Sara de la Rica, titulado “El impacto de la subida del SMI en el mercado laboral: intensidad laboral, brechas de género y desigualdad”. Este llegó a manos del Ministerio de Trabajo en enero del 2022, pero dicho ministerio se negó a hacerlo público, provocando que partidos políticos como Ciudadanos reclamasen que lo sacasen a la luz.
Ante la negativa del Ministerio a hacer público el informe, el Instituto Ostrom volvió a reclamarlo en marzo de este mismo año encontrándose, de nuevo, con la misma negativa. Por ello, dicho instituto decidió denunciar ante el Consejo de Transparencia el secuestro de un informe financiado con dinero público. Transparencia les dio la razón y obligó al Ministerio a entregarlo en un plazo de 10 días.
Esta resolución salió a luz el 23 de septiembre de 2022 (¿cuántos días han pasado desde entonces?) y ayer amanecimos con la noticia de que los medios afines al Gobierno (la Cadena Ser y elDiario.es) habían podido acceder al contenido para “resumirnos” a los ciudadanos, ¡ojo!, no solo el informe de Sara de la Rica (el original), sino otros 2 informes más de los cuales no había constancia. Dice elDiario.es (por cierto, ISEAK es el instituto que dirige Sara de la Rica):
Es decir, que en octubre de 2022, cuando ya saben que van a tener que hacer oficial el informe del 2021, dedicen encargar otros dos informes más porque parece ser que el original sigue sin arrojar las conclusiones deseadas. Pero la cosa no termina aquí, y es que, lo peor de todo: ninguno de estos informes se hicieron verdaderamente públicos, sino que se llamó, literalmente, a la prensa afín para que hicieran un resumen de ellos. En otras palabras: el ministerio sigue incumpliendo la resolución del Consejo de Transparencia.
¿Qué conclusiones negativas tiene ese informe de Sara de la Rico que el Ministerio de Trabajo no quiere que los ciudadanos puedan acceder a él? Hasta que el ministerio deje de secuestrarlo no lo sabremos verdaderamente, pero en el resumen de elDiario.es y la Ser, si bien hablan de consecuencias positivas de la subida del SMI, también se menciona una destrucción de 28.800 empleos. Así nos los cuenta la Ser:
Ese informe asegura que, si no hubiera subido el salario mínimo, se habrían creado 28.800 puestos de trabajo más de los que se crearon. Según ese informe, el efecto negativo fue “nulo en los primeros meses de la medida, pero ha ido aumentando gradualmente con el paso del tiempo”. En los seis primeros meses, el impacto de la subida del SMI es nulo. En un año, los mayores de 30 años pierden más empleo, hasta 3 puntos porcentuales más y los menores de 30 años trabajan menos horas, hasta 1,31% menos.
Pero, ¿por qué si simplemente se destruyeron o dejaron de crear 29.000 empleos el ministerio sigue sin hacerlo público? Misterios de la vida, pero todo apunta a que ese informe contiene más conclusiones negativas.
Pero aquí no termina la cosa. Lógicamente, los dos informes siguientes que se pidieron no detectaron ningún efecto adverso de la subida del salario mínimo (pero claro, sin hacerlos públicos para que el ciudadano y los expertos no puedan analizar la metodología que se utiliza en ellos), pero es que todo apunta a que ni tan siquiera se dedicaron a evaluar las consecuencias negativas del SMI. Como nos dice elDiario.es:
Los otros dos estudios se centran en los efectos en la pobreza y la desigualdad, una dimensión menos estudiada y también muy relevante del impacto del salario mínimo.
En resumen, el Banco de España realiza el que hasta la fecha es el estudio más completo que ha existido sobre el SMI que arroja un resultado que no gusta al Ministerio de Trabajo (posible destrucción de hasta 170.000 puestos de empleo), este encarga un estudio a la directora de ISEAK para ver si obtiene resultados diferentes, pero, como el informe no gusta, ni se hace público ni se vuelve a hablar de él hasta que diferentes partidos políticos, y finalmente el Instituto Ostrom, los denuncia ante el Consejo de Transparencia; este último les da la razón y les obliga a hacer público el dichoso informe, pero el ministerio, desobedeciendo las órdenes de Transparencia, no solo no lo presenta públicamente, sino que llama a los medios afines para que hagan un resumen políticamente afín (no nos engañemos) del mismo y, además, presenta otros dos informes que manda realizar exprés en el momento en el que saben que les han obligado a hacer público el primero, que arrojan resultados favorables.
Las políticas públicas hay que valorarlas empíricamente más allá de mantras ideológicos. El Gobierno de España ha estado subiendo el SMI los últimos años completamente a ciegas, es decir, sin haber estudiado los efectos de cada subida. Como se suele decir, “en economía nada es gratis”, cualquier tipo de intervención acostumbra a tener unas consecuencias. Si el Gobierno quiere subir el salario mínimo que lo haga, pero deberá ser honesto y transparente con los ciudadanos, pero, visto lo visto, no lo está siendo, y es labor del ciudadano reclamarles que lo sean.
redscare 
Batalla